El ex alcalde de Bollullos del Condado, el socialista Carlos Sánchez, admitió ayer irregularidades en la tramitación de las obras del parque Ramos Mantis iniciadas bajo su mandato (2007) y sobre las que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma tiene abiertas diligencias.

Según ha podido confirmar este diario, en su declaración en calidad de imputado por sendos delitos de prevaricación y fraude en la contratación durante la ejecución y pago de las obras, el ex regidor admitió ante la autoridad judicial que conocía que el procedimiento "no era el previsto por la ley", pero que se trataba de una práctica habitual en el Ayuntamiento de Bollullos del Condado.

De hecho, Carlos Sánchez llega a afirmar que la totalidad de las obras que se llevaban a cabo cuando estaba al frente del Gobierno bollullero se realizaban sin consignación presupuestaria alguna y se escuda en el hecho de que su partido no gozaba de mayoría absoluta para gobernar y los presupuestos se prorrogaban año tras año. Las cuentas no estaban regularizadas.

Precisamente por estas circunstancias, según el imputado, los informes negativos del departamento de Intervención solían ser frecuentes, razón a la que no prestó atención -confiesa- en el caso del parque Ramos Mantis.

La denuncia presentada por el nuevo equipo de gobierno (abril de 2009) señala que en la ejecución de las obras del parque no medió "ningún procedimiento de contratación y adjudicación alguno ni proyecto de obra, contrato firmado ni acreditada la solvencia técnica y financiera de la empresa". El coste de estas actuaciones ascendió a 1.200.000 euros, de los que 608.561,21 fueron a parar a la empresa FCL Contafis SL.

Sánchez justifica la ejecución de la actuación en Ramos Mantis argumentando que tenían carácter de urgencia para mejorar la seguridad y evitar el vandalismo en la zona y que, en un principio, estaba proyectada como una obra menor pero que desconoce los motivos por los que el Ayuntamiento acabó pagando más de 600.000 euros.

En cuanto a la subvención de 120.000 euros concedida por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con la finalidad de financiar obras en el referido espacio con recursos propios y para contratar 15 trabajadores desempleados, el ex regidor muestra lagunas sobre el objeto de la ayuda, lagunas que expresa también a la hora de explicar la justificación que se dio a la Administración andaluza, diciendo desconocer si el departamento correspondiente del Ayuntamiento no la justificó como debía.

Tanto el ex alcalde de Bollullos como la segunda imputada en la causa, la ex concejal de Urbanismo y Hacienda, Rosario Rosado, se eximen de responsabilidad en el control de los trámites del procedimiento y la derivan hacia los técnicos municipales y, especialmente, hacia el arquitecto municipal, Juan Domínguez.

En el ámbito meramente político, Carlos Sánchez atribuye al concejal de Turismo, Antonio José Carrellán Domínguez, el control de los números y de los pagos a la empresa. Tres meses después de que se presentase la denuncia que ha provocado la investigación judicial, el pasado mes de julio, Carrellán renunciaba a su acta de concejal.

El abogado que ejerce la representación legal del Ayuntamiento, José Carlos Hernández, se mostró confiado en que la causa siga su curso procesal, máxime después de que el ex alcalde "no desmintiera los hechos que se le imputan".

La ex concejal de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Bollullos, en la misma línea que Sánchez, apunta a los técnicos municipales como responsables de controlar las cantidades de licitación de las obras y afina para señalar al arquitecto como la persona encargada de comprobar las certificaciones de obras.

Durante las sesiones de las comisiones informativas, los técnicos municipales comparecieron para afirmar que las tres empresas que intervinieron en la construcción del Parque Jardín se adjudicaron las obras sin pasar por la preceptiva licitación pública. Los trabajos realizados por Contafis no fueron supervisados por el técnico de Urbanismo ni el arquitecto municipal, quienes aseguraron no haber certificado ni supervisado el preceptivo proyecto técnico.