Juicio por los sucesos de las eritas

Los trece acusados niegan su participación en los ataques contra los gitanos

  • Durante la declaración la mayoría de los acusados se negaron a contestar a las preguntas de la acusación particular y sólo uno de ellos reconoció haber lanzado piedras contra un vehículo, de lo que estaba arrepentido

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Como en Fuenteovejuna. Todos a una. Así actuaron los trece imputados (incluido el alcalde de Cortegana, Antonio Marín) en el juicio que comenzó ayer por los ataques que se produjeron en enero de 2005 contra la comunidad gitana del barrio de Las Eritas. Todos negaron su participación en los hechos que se produjeron al término de una manifestación que había convocado el Ayuntamiento para pedir seguridad y justicia tras la muerte de Mateo Vázquez a manos de un joven de etnia gitana. La mayoría de los acusados, salvo el alcalde, se negaron a responder a las preguntas formuladas por la acusación particular y la Unión Romaní, representada por tres letrados gitanos, uno de ellos el presidente de la asociación Juan de Dios Ramírez Heredia.

El primer juicio que se celebra en España por acciones racistas comenzó tarde. A las diez de la mañana tribunal, acusación y defensa tomaban asiento en la sala de vista de la Audiencia pero el inicio de la sesión debía posponerse dos horas por la ausencia de uno de los imputados. Fuera y dentro del Palacio de Justicia se había desplegado un amplio dispositivo policial, quizá para evitar posibles enfrentamientos si los ánimos se desataban y posibles disturbios. Cámaras, grabadoras y libretas advertían del afán de los profesionales de los medios de comunicación, mientras en los alrededores se apostaban miembros de la Policía montados a caballo. La alarma y recelo resultarían exagerados tras comprobarse cómo la normalidad imperaba en las dependencias judiciales y en el exterior donde cada una de las partes en litigio era sometida a las preguntas de los periodistas. Declaraciones de uno y otro lado que podían obtenerse incluso en el interior del recinto donde se agolpaban vecinos de Cortegana.

La vista comenzó nada más hacer acto de presencia el acusado que faltaba. En la sala, ocho abogados de la defensa, tres letrados de la acusación particular, Ministerio Fiscal, imputados, amigos y familiares, periodistas... pero ningún gitano. Su presencia sólo sería efectiva por la tarde cuando supuestamente debían declarar como testigos.

Enseguida el juez dio cuenta del procedimiento que el juicio iba a seguir y dio la palabra a las partes. Ramírez Heredia hizo entrega de un panfleto llegado a la asociación romaní en el que se invitaba "a los racistas" a acudir a la vista oral, lo que dio paso a la declaración de los imputados. El primero en hacerlo fue R.M.C. que inicialmente no se presentó a la vista alegando una depresión. Durante su declaración se negó a contestar a las preguntas tanto del Fiscal como de la acusación y la defensa y se limitó a ratificar lo declarado durante la instrucción del caso, cuando afirmó ser inocente de los hechos que se le acusan. Seguidamente se procedió al visionado de varios vídeos que recogían imágenes de lo ocurrido el día de las manifestación y de los altercados.

A continuación declaró el alcalde de Cortegana quien reconoció que la manifestación fue convocada por el Ayuntamiento a instancias de un grupo de ciudadanos entre ellos familiares de Mateo Vázquez y que se había concretado, por parte de la junta de portavoces de los grupos municipales, un itinerario que discurría entre la plaza de la Constitución y la plaza de la Esperanza, donde la manifestación debía terminar después de dirigir unas palabras a los asistentes para lo que se había instalado un equipo de megafonía. Antonio Marín señaló que la marcha se organizó debido a la preocupación y al clima de inseguridad que había tras el asesinato de Mateo, al que habían precedido las muertes violentas también de Mari Carmen y Cecilia.

En cualquier caso, explicó que no estaba previsto que se prolongara hasta Las Eritas y que para su desarrollo se había remitido un fax a la Subdelegación del Gobierno, que autorizó la marcha y se comprometió a tomar las medidas de seguridad oportunas y que no creyó que fuera necesario un plan excepcional.

Tal es así, que cuando la manifestación se dirigió hacia la barriada pensó inicialmente que se trataba de una confusión y que en alguno momento las fuerzas del orden iban a impedir que prosiguiera la marcha y que, aunque preocupado, se dedicó a preparar el acto de la plaza de la Esperanza.

Tras el alcalde corteganés declararon otros dos acusados por la mañana y el resto lo hicieron por la tarde. Todos coincidieron en indicar que participaron en la marcha para pedir justicia por los tres crímenes, pero rechazaron que fueran responsables de los ataques. Tan sólo uno de ellos confesó haber tirado piedras pero contra un vehículo y también reconoció que la gente gritaba contra el colectivo gitano, al tiempo que dijo que se mostraba arrepentido por lo que hizo. Otra parte de los imputados coincidieron en defender la tesis de que la Guardia Civil procedió a su detención por error en la indentificación.

La vista oral continúa hoy con el resto de las pruebas testificales y la presentación de los informes finales de las partes que intervienen en el juicio. La Fiscalía solicita un año y nueve meses de prisión para el alcalde, al que acusa de los presuntos delitos de desórdenes públicos y otro continuado de daños, la misma condena que para el resto de acusados.

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