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La acusación particular salva al alcalde en el caso Recinto Ferial

  • Esta semana se celebra el juicio contra el primer edil, un técnico municipal y siete concejales

Imagen del Recinto Ferial de la localidad cuyas obras se dirimen en un juicio oral la próxima semana.

Imagen del Recinto Ferial de la localidad cuyas obras se dirimen en un juicio oral la próxima semana. / c. l.

El caso Recinto Ferial encara su recta final. El próximo 27 de enero se celebrará el juicio oral contra el ex alcalde, Carlos Sánchez, un técnico municipal y siete de los concejales que le acompañaron durante sus dos últimos mandatos (2003-2007, 2007-2011) por la obras acaecidas en el Recinto Ferial.

El Ministerio Fiscal, por el contrario, sólo ve delito en la actuación del propio Sánchez, expulsado del partido socialistas e inhabilitado para cargo público por su papel en las obras del Parque Municipal Ramos Mantis. Contra él pesa el cargo de prevaricación al invertir dinero público en urbanizar 60.000 metros cuadrados de terrenos de carácter rustico y de titularidad privada, los cuales acogen, desde el año 2006, la afamada Feria de Septiembre.

Ejercida por el actual Ayuntamiento, saca de la nómina de acusados a Rubén Rodríguez

La polémica política, sin embargo, ha venido suscitada por el hecho de que la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento, haya cambiado de criterio y decidido sacar de la nómina de acusados al actual alcalde socialista, Rubén Rodríguez.

El portavoz y ex alcalde de Independientes por Bollullos, Francisco Díaz, (también inhabilitado por incumplir una sentencia) tacha de "escándalo" la decisión e invita a Rodríguez a que explique a la ciudadanía qué directrices se han trasladado al letrado de la acusación particular para que libere del banquillo al hoy alcalde. No en vano, recuerda que el edil "participó en primera persona en la operación como concejal de Economía y Hacienda", competencias que ostentó entre 2007 y 2008, antes de que los socialistas perdiesen la Alcaldía tras una moción de censura impulsada por independientes y populares.

En este sentido, Díaz califica de "muy grave" que un profesional contratado por el Ayuntamiento pueda estar priorizando en su estrategia "los intereses del partido socialista, por lo que reclama al equipo de gobierno que sufrague la minuta del abogado de su propio bolsillo y no con cargo al contribuyente".

Rodríguez, sin embargo, no atendió las reiteradas llamadas de este periódico para explicar su versión de los hechos.

Los acusados tienen en su contra que hicieron caso omiso a los informes de los distintos técnicos municipales, quienes advirtieron que la operación no se ajustaba a derecho. Para más inri, la propia Consejería de Obras Públicas concluyó en junio de 2006 que "dichas actuaciones se están llevando a cabo sin ninguna cobertura jurídica, sin aprobación o licencia como refiere el artículo 181.2 de la LOUA". Todo ello, además, afectando a suelo no urbanizable especialmente protegido.

Concretamente el arquitecto municipal condicionó la ejecución del recinto ferial a la modificación de la naturaleza urbanizable de los terrenos afectados y a la viabilidad económica. Ninguna de estas dos peticiones se llevaron a efecto. La propia secretaria del Ayuntamiento dejó constancia en su momento de que el proyecto no era factible ni tan siquiera invocando el interés público conforme a la LOUA, por lo que emplazó al Sánchez a que modificase el Plan General de Ordenación Urbana al objeto de cambiar la catalogación del suelo.

Desoyendo estos informes Sánchez urbanizó los terrenos y firmó una permuta en la que trataba de compensar estas fincas rústicas con otras de carácter industrial una vez se aprobase el nuevo PGOU en el que venía trabajando. El ex alcalde siempre ha mantenido en su defensa que su actuación pudo no seguir el procedimiento administrativo legalmente establecido, si bien nunca se lucró personalmente, por lo que censuró que independientes y populares abrieran una causa penal para apartarle de la política.

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