El simposio Desarrollo sostenible en espacios naturales protegidos ha reunido en la Facultad de Experimentales de la Universidad de Huelva a un nutrido grupo de académicos e intelectuales (geógrafos, economistas, biólogos, ingenieros agrónomos, antropólogos, arquitectos, periodistas...) para analizar el impacto del hombre en estos sensibles hábitats. Como epicentro de la reflexión, el caso de la ecoaldea de El Calabacino, perteneciente al municipio de Alájar. En la jornada se alumbró un documento -conformado por una declaración de intenciones y diez propuestas- que en los próximos días será presentado formalmente al Ayuntamiento de Alájar y a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El objetivo es "solicitar que atiendan las peticiones" y que se busque una vía -más allá de los tribunales- para solucionar la situación que viven varios vecinos de El Calabacino, encausados por edificar de forma ilegal en el parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde se ubica la ecoaldea.

La asociación Raíces presentará el documento a la Junta y al Ayuntamiento

Precisamente en ese sentido apunta uno de los artículos de la declaración, donde los expertos reunidos en la Onubense "instamos a la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva a hacer una interpretación de la legislación vigente, referente a la ordenación del territorio y el medio ambiente, acorde con el escaso impacto ambiental de la construcción de las viviendas expedientadas en El Calabacino y a su gran contribución a la sostenibilidad económica, social y ecológica de Alájar" y del parque. Es más, exigen al Ministerio Público que retire "los actuales expedientes incoados contra los habitantes". En definitiva, que anule la acusación.

Los científicos concluyen que las ecoaldeas son aquellos hábitats humanos que, además de evitar el despoblamiento y el envejecimiento de la población rural, "generan la menor huella ecológica de las sociedades occidentales, contribuyendo a no deteriorar más la ecocapacidad del planeta; y ello las convierte en hábitats humanos óptimos para los espacios naturales protegidos". Por ello, estiman que hay que buscar un equilibrio "entre la biodiversidad y el desarrollo de la vida de los seres humanos", sin excluir a las personas de estos lugares de especial protección.

En el documento se solicita además, tanto al Consistorio de Alájar como a la Consejería de Medio Ambiente, que reconozcan El Calabacino como "Hábitat Rural Diseminado de Interés Social y Ecológico, por la labor que desempeña en el municipio de Alájar y en el conjunto del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche".

En similar línea los participantes en el simposio universitario piden al Ayuntamiento de Alájar que reconozca como legales "todas las construcciones (viviendas, caminos, lievas, fuentes...) de la ecoaldea de El Calabacino que sean susceptibles de ello", también bajo esa figura de Hábitat Rural Diseminado, al mismo tiempo que consideran que el Consistorio debe iniciar "un proceso de concertación social que desemboque en una regulación" de las actividades que desarrollan los vecinos.

Entre otros asuntos de interés, el documento reclama a las administraciones que incorporen a los planes de protección -incluido el PGOU- "la bioconstrucción y las viviendas de bajo impacto ambiental".

Desde la asociación Raíces de El Calabacino se respalda la declaración académica por entender que es una "evaluación legítima y objetiva sobre la situación de la ecoaldea, que redunda en el beneficio de la sociedad rural entera". La intención es que el documento llegue con la máxima brevedad posible a la Junta y el Ayuntamiento alajareño, preferiblemente antes del primero juicio, que se celebrará el 14 de mayo.