Nuevo varapalo del Tribunal Supremo al Ayuntamiento de Isla Cristina. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha inadmitido el recurso de casación promovido por los servicios jurídicos municipales contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que tumbó en octubre de 2015 el ya modificado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad. Con esta resolución, a la que ha tenido acceso Huelva Información y que todavía no ha sido notificada al Ayuntamiento isleño, otorga firmeza a la segunda sentencia contra el plan urbanístico, lo que obliga al Consistorio isleño a atenerse al PGOU de 1987 hasta que culmine la redacción del nuevo si quiere realizar cualquier modificación en el ordenamiento local.

Los magistrados del Supremo remarcan que el plan isleño "ha prescindido de trámites o fases preceptivas y esenciales en su tramitación, como son el avance de ese PGOU y la aprobación inicial, por ende inexistentes", teniendo en cuenta que las premisas de la primera "nulidad radical" de 2011 dejaban sin efecto alguno la aprobación inicial de 2002, cuando empezó a redactarse, y su refrendo posterior en el Pleno de 2008.

Es positivo porque nos da libertad para acometer proyectos con el PGOU de 1987"

La alcaldesa del municipio, Montserrat Márquez (Ciudadanos por Isla Cristina), admite que "es una noticia que esperábamos después de que el TSJA anulara parte del PGOU". Entiende el estacazo judicial como "algo positivo, porque nos da libertad para poder acometer, con el plan de 1987, muchos proyectos que se habían quedado bloqueados" a la espera del definitivo pronunciamiento del Supremo. "No podíamos, por ejemplo, vender parcelas porque su uso estaba condicionado a ello", recalcó, motivo por el que aplaude "el desbloqueo, que nos permite ahora realizar modificaciones".

Todavía no ha recibido notificación de la última resolución judicial, fechada el 21 de diciembre de 2017. Para Márquez, la celeridad en esta comunicación formal es "fundamental para que se acabe esta parálisis que nos tiene atados de pies y manos".

La regidora municipal prefirió no pronunciarse por el momento al respecto de la negociación que el Ayuntamiento debe llevar a cabo con las empresas que demandaron al Consistorio isleño y a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por verse mermados sus intereses cuando también el TSJA -respaldado con posterioridad por el Supremo- anuló el PGOU isleño en abril de 2011 tras considerar que el plan rebasaba en casi 1.000 viviendas la legalidad y detectar que el incremento del suelo urbanizable era del 40%, por encima de lo permitido por el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). Aquel primer procedimiento fue impulsado por una treintena de propietarios de los Huertos de la Playa, a los que dio la razón la Justicia.

En esta segunda entrega de la misma pesadilla han sido las empresas Reyal Urbis SA, Torre Rioja Madrid SA, Ágora Griega SA, Rúa Estío SL e Iniciativas Empresariales de Estepona SL las que han obtenido el beneplácito judicial. El portavoz del PP en el Ayuntamiento isleño, Francisco González, explica a este diario que las compañías "compraron suelo urbanizable a precio de oro que luego volvió a ser terreno rústico que no vale un duro y donde no se puede construir, caso de toda la zona de la venta La Era y aledaños hacia Islantilla, por lo que el Ayuntamiento tendrá que negociar con ellas".

La redacción del PGOU de Isla Cristina se inició en 2002 y se aprobó en 2008. En 2011 fue derogado por la Justicia tras estas denuncias de los vecinos de los Huertos de la Playa y hubo que adaptarlo a las circunstancias, compatibilizando "el paisaje natural con el desarrollo urbanístico, turístico y agrícola" del municipio e integrando, entre otros, las nuevas conexiones de la autovía A-49 con la costa. El remozado PGOU, con los errores detectados corregidos, fue aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Urbanismo en marzo de 2013 y luego demandado por las empresas litigantes.

El trabajo realizado sobre el texto desde entonces a esta parte, remarcan Montserrat Márquez y Francisco González, permitirá a Isla Cristina tener un nuevo planeamiento urbanístico más pronto que tarde. "La estructura del plan está hecha y nos sirve", precisa el portavoz de los populares.

El Tribunal Supremo concluye para inadmitir el recurso del Ayuntamiento isleño que aunque es cierto que el TSJA no declaró la nulidad de todo el PGOU, sino de algunas de sus normas, esto "no altera ni priva de carácter de nulidad plena de aquellas que han resultado afectadas por dicho pronunciamiento judicial". Y matiza: "La nulidad es de una parte del plan, pero esta parte es nula de pleno derecho, con los efectos propios de esta categoría de invalidez".

El Consistorio costero tendrá que asumir, además, las costas generadas por el recurso, que no superarán los 3.000 euros más IVA, según consta en la sentencia.