El Tribunal Militar territorial de Sevilla ha declarado vulnerados los derechos de un sargento de la Guardia Civil de Torre la Higuera que fue expedientado por "la negligencia en el cumplimiento de las órdenes recibidas" negándosele el derecho a un procedimiento justo y a la presunción de inocencia.

Según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), los hechos por los que fue expedientado ocurrieron cuando el anterior comandante de puesto, hoy destinado en el Centro Operativo de Servicios, ordenó al sargento, que salía de servicio, que fuera a recogerlo a la playa. Este sargento y otro agente comenzaron a trasladarse al lugar, pero ante el fuerte temporal y el barro que había se quedaron atascados en la arena de la playa, teniendo que recurrir hasta a tres empleados del parque de Doñana para que pudieran sacar el vehículo asignado de la arena.

Ante la falta de seguridad de este vehículo, por la averías que había presentado, el sargento optó por ir al Puesto de Torre la Higuera a recoger otro vehículo más nuevo y, ya sin contratiempos, recogió al brigada jefe del Puesto, varias horas después, que se encontraba "solo en la playa, mojado y enfadado".

Por este hecho fue expedientado y los servicios jurídicos presentaron sendos recursos ante el capitán de la compañía de La Palma del Condado y teniente coronel jefe de la Comandancia, como último responsable y en ambos recursos se desestimaron las pretensiones del sargento y no se realizaron las pruebas testificales que se pidieron, según la fuente.

Por este motivo el Tribunal Militar, ha indicado la AUGC, considera conculcado "el derecho a un procedimiento justo y a la presunción de inocencia".

La Asociación Unificada de la Guardai Civil entiende que una vez más queda demostrado que el régimen disciplinario de la Guardia Civil es "anticuado y poco protector de los derechos fundamentales de los Guardias Civiles", al tiempo que ha lamentado que a pesar de la decisión del Tribunal, los mandos "no van a incurrir en ninguna responsabilidad", por lo que podrán continuar denegando las pruebas sin que se les aplique el régimen disciplinario en igualdad de condiciones que a sus subordinados.