El Tribunal Supremo desestimó la petición de aclaración de la sentencia que cierra la puerta a la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado que pretendía construir en la localidad de Palos de la Frontera el Grupo Villar Mir. La aclaración se solicitó al entender la empresa que "el procedimiento de autorización de la planta por parte de la administración podría haber quedado suspendido por efecto del Real Decreto Ley 13/2012 de moratoria de nuevas plantas de gas", según la sentencia, por tanto pedía que el Supremo aclarara qué pasaría una vez que se levantara la moratoria.

El tribunal rechaza la aclaración pues la petición no es sobre "algún concepto oscuro u omisión en que haya podido incurrir la sentencia", sino que se pide "un pronunciamiento de esta Sala sobre las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse del levantamiento de la moratoria. Se trata de una cuestión sobre el alcance jurídico y futuro de la finalización de la moratoria y sus efectos en el recurso de alzada formulado, que excede del mecanismo de petición de aclaración".

La sentencia desestimó el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que a su vez desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las mercantiles contra la resolución del secretario de Estado de Energía de junio de 2012 que considera ajustada a Derecho. Está última desestimó el recurso de alzada deducido por dichas mercantiles contra la desestimación presunta por silencio administrativo de su solicitud de autorización administrativa del proyecto presentada el día 20 de diciembre de 2011, después de que éste contara incluso con la Declaración de Impacto Ambiental.