El ex alcalde de Bollullos, Carlos Sánchez, aseguró desconocer el expediente administrativo que le llevó a aprobar en 2006 y sin consignación presupuestaria el servicio de gestión de recogida de residuos sólidos urbanos en la ciudad del Condado y por la cual la institución mantiene una deuda con Cespa por valor de 327.485 euros.

Así lo puso de manifiesto frente al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado, que le imputa, junto a sus cuatro compañeros de filas durante la legislatura 2003-2007, un supuesto delito de prevaricación.

Esta fue la línea de defensa que durante las diligencia previas llevaron a cabo los socialistas Chari Rosado, David Benjumea y Davinia Palacios, quienes se acogieron a su derecho de no declarar frente a las preguntas de la acusación particular, que en este caso ejercía el Ayuntamiento.

Sólo María Dolores Ramos se desmarcó del guión aportando matices en su declaración y respondiendo a las preguntas del letrado de la acusación. En concreto, la joven citó en su defensa que, además de desconocer los informes técnicos, "a partir de noviembre de 2005 tuvo varias disputas con el alcalde por lo que, a partir de esa fecha, no se le comunicaba nada... le redujeron varias competencias e incluso estuvo de baja por depresión". Sánchez cargó las responsabilidades en la Secretaría de quien dijo "es la persona que tiene la obligación de advertir de la existencia de cualquier ilegalidad en el expediente administrativo". Del mismo modo, recordó que a la hora de "realizar cualquier pago" es imprescindible la firma del alcalde, el interventor y el tesorero y en "ninguno" de los escasos pagos realizados a Cespa se realizó objeción alguna.

Frente a los medios de comunicación, Sánchez mostró las actas de la mesa de contratación del 19 de abril de 2006 donde se recoge que se encontraba ausente en este órgano que adjudicó el contrato a Cespa Gestión de Residuos SA por valor de 218.323 anuales. En este órgano se encontraban presentes, entre otros, Francisco Martín en representación del PP y Julio Navarro, hoy en las filas de los Independientes; así como Beatriz Molina y María Ángeles Muñoz que ejercían respectivamente como Secretaria e Interventora Municipal.

Fuentes del Ayuntamiento precisaron ayer a Huelva Información que la mesa de contratación no es un organismo decisorio, a la par que han criticado que mediante este tipo de operaciones se financie a una institución sacando a licitación servicios básicos "supuestamente a sabiendas" de que no se podrían afrontar los pagos.