El Plan para ordenar los regadíos de Doñana afectará a 8.000 hectáreas

  • El Consejo de Gobierno de la Junta dio ayer luz verde a la redacción de un Plan Especial para favorecer el desarrollo sostenible en la comarca · El proyecto se desarrollará sobre cinco municipios onubenses

El Consejo de Gobierno de la Junta acordó ayer iniciar la redacción del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos Ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana, que permitirá el desarrollo ordenado y sostenible de los recursos naturales de este entorno junto al Espacio Natural de Doñana.

Según informó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Enrique Cervera, el plan afectará a una superficie de 66.000 hectáreas, de las que aproximadamente 8.000 hectáreas son de regadío, pertenecientes a términos municipales onubenses como Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía pretende solucionar el problema de la expansión de regadíos e invernaderos sin criterios de planificación, que en algunos casos han estrechado los corredores naturales, además de provocar la proliferación en las explotaciones de infraestructuras que no tienen en cuenta la racionalidad de costes y el impacto ambiental.

Para la elaboración del Plan Especial, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía contará con el asesoramiento de un grupo de trabajo integrado por técnicos de este departamento y de los de las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca, así como de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Agencia Andaluza del Agua. Este grupo cuenta con el apoyo de los municipios implicados y de las organizaciones ecologistas.

El plan, que será redactado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, dispondrá medidas como la constitución de comunidades de usuarios que colaboren con la Administración en la gestión sostenible de las aguas subterráneas; la regularización definitiva de los antiguos sectores del Plan Almonte-Marismas y la instalación de redes específicas de piezómetros para controlar la evolución de los acuíferos. El documento también fijará criterios de ahorro en el consumo de agua, delimitará las redes de caminos y dispondrá proyectos para proteger el paisaje, retirar los residuos agrícolas y hacer frente a riesgos previsibles como la erosión, las inundaciones y la contaminación difusa.

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