IULV-CA de las localidades onubenses de Aljaraque, Ayamonte y Cartaya ha pedido que la Junta de Andalucía "haga pública las investigaciones" en relación al presunto desfalco de 480.000 euros que se produjo hace un año en la Asociación de Desarrollo Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva (Adricoh), por parte de su gerente, Alberto Roa, y que "no encubra" las responsabilidades políticas del presidente de la asociación y alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE).

En rueda de prensa, el diputado provincial y portavoz de IULV-CA en el Ayuntamiento de Aljaraque, Rafael Sánchez Rufo, señaló hoy que la creación de una nueva asociación para el Desarrollo de la Costa Occidental de Huelva que sustituirá a Adricoh es para "vertebrar un proceso democrático y transparente" con el objetivo de "corregir el mal funcionamiento" de la anterior asociación, y propiciar que los recursos de la Unión Europea "sigan llegando a la provincia".

En este sentido, apuntó que Adricoh "no está muerta y que tiene que dar explicaciones de los programas y proyectos desarrollados en los últimos años", a lo que añadió que la nueva asociación "se tiene que parecer muy poco a la anterior, siendo transparente y democrática a la hora de emplear recursos públicos para el desarrollo de la comarca", y apuntó además que Millán "no debe ocupar un puesto de responsabilidad" en la nueva asociación ya que ésta nace porque "la anterior ha perdido todo su prestigio".

Por su parte, el portavoz de IULV-CA en el Ayuntamiento de Cartaya, Miguel Ángel Gea, señaló que Adricoh es "un chiringuito al servicio del PSOE, que tan sólo da servicios a empresas que apoyan al partido", y apuntó además que Millán "mintió cuando se produjo el desfalco ya que no informó de la situación a las administraciones que conforman la asociación -- ayuntamientos, Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y asociaciones empresariales--".

Gea indicó que Adricoh entró en crisis cuando su gerente, Alberto Roa, "hizo el desfalco de 480.000 euros porque estaba agobiado por las deudas de una empresa de lavandería familiar", y señaló que Roa, "a pesar de ser obligado a confesar de su delito --para que no se hicieran más investigaciones-- está en la calle".