El secretario judicial del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Palma del Condado ha acreditado en un informe que "la única parte" que solicitó copia de las grabaciones telefónicas de Marianela Olmedo con su letrada y su psicóloga fue la defensa de F.J.M.R, único imputado por el doble crimen perpetrado en abril de 2013 contra los almonteños Miguel Ángel Domínguez y su hija de ocho años.

En concreto, el funcionario cita textualmente que "dicha copia fue solicitada personalmente por el letrado Rivera Zarandieta", alegando "necesitarla para el adecuado ejercicio de la defensa que tiene encomendada". Tras esta petición se le proporcionó "sin intervención alguna de la procuradora". Por consiguiente, "el único profesional de todos los intervinientes en las actuaciones al que se le ha facilitado copia de las conversaciones aludidas" es al letrado de la defensa.

A la luz de los hechos, la familia de Domínguez asegura que frente a "las constantes manipulaciones por parte de la defensa ejercida por el presunto criminal de los hechos e indicios que lo mantienen en prisión, nos vemos en la obligación moral de instar a la justicia a depurar responsabilidades". Fiel a este criterio reclaman al Ministerio Fiscal la apertura de una investigación que determine quién filtró a la prensa las escuchas telefónicas, al entender que constituyen "un atentado de máxima gravedad en el ámbito del secreto de las comunicaciones y contra la intimidad de las personas". Los familiares de las víctimas añaden que no pueden "admitir ni consentir por más tiempo atropellos tan peligrosos que representan un auténtico atentado a la intimidad personal".

La sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio un varapalo a la defensa de F.J.M.R al considerar ilegales las susodichas escuchas. El tribunal considera que "no está justificado constitucionalmente la intervención de las comunicaciones telefónica y cree incluso censurable la grabación en sí, puesto que la investigación dejó constancia de que no existía ninguna participación ni material ni intelectual que pudiera imputársele a Marianela en la muerte de su ex esposo y su hija. En consecuencia, ven que "ninguno de los elementos extraídos de la intervención de su teléfono fue ni es útil para la obtención de indicios criminales".

Por el contrario, su derecho a la intimidad ha sufrido un "gravamen, no sólo por la escucha directa efectuada por los encargados de la investigación, sino también por su transcripción y constancia en las actuaciones una vez que se alza el secreto…".

El TSJA determina que las escuchas al abogado sólo podrían ser lícitas si existiesen indicios de su participación criminal. Para más inri, el derecho a la intimidad entre abogado y cliente "forma parte del núcleo del derecho a la tutela judicial efectiva; de ahí que, no habiéndose excluido de oficio la transcripción de dichas conversaciones, ha de bastar la solicitud de la persona afectada para acordar inmediatamente su exclusión. No parece necesario argumentar, frente a las alegaciones de la defensa, que el derecho a la confidencialidad de la relación entre parte procesal y letrado no está condicionado al buen ejercicio de la asistencia letrada, por lo que carece de sentido la alusión a los " límites que establecen lo que no se puede aconsejar, inducir o proteger".

El portavoz de la familia, Aníbal Domínguez, ha subrayado que siempre han mantenido "un absoluto respeto a la labor desarrollada por el estamento judicial y policial, pero en este asunto particular alzamos la voz para decir basta por quienes han usado artimañas y ocultación para querer una vez más confundir a la opinión pública. Su juego no ha sido limpio, enfangando el proceso con tretas y elucubraciones en pos de lograr en el escenario mediático lo que no pueden alcanzar en el ámbito judicial". Sin embargo, subrayó que "las personas pueden mentir, no así las pruebas" de cargo que pesan sobre el detenido".