El PP advirtió ayer de la situación "límite" que atraviesa el sector del marisqueo en la provincia, un colectivo que, a su juicio, se encuentra prácticamente en la ruina debido a diversos factores, entre ellos "la falta de respuesta por parte de la Dirección General de Pesca de la Junta de Andalucía".

Según señaló el parlamentario andaluz del PP Guillermo García Longoria, el sector del marisqueo en la provincia afronta "una regulación profesional controvertida, ya que ve restringidas ciertas prestaciones y padece una evidente indefensión ante la captura ilegal e, incluso, ante la captura masiva de los veraneantes". Asimismo, el popular valoró que se trata de un sector con paradas que, sin embargo, es el único sector que no recibe ayudas durante el tiempo que no puede faenar.

Por otra parte, señaló que los mariscadores ven limitada su actividad "por los continuos controles en relación a la toxina DSP, controles que los propios afectados ponen en cuestión". Al respecto, García Longoria apostilló que "el sector reclama una segunda opinión en los análisis e, incluso que se activen sistemas de depuración".

Otro de los graves problemas que denuncia el sector es la intrusión de los barcos almejeros. Estos barcos de grandes dimensiones trabajan con draga hidráulica y capturan coquinas sin tener licencia para ello y "sin que la Junta vigile esta actividad ilegal".

Según expuso el popular, "hay alrededor de 370 licencias para todo el caladero y estos mariscadores están más tiempo parados que trabajando, lo que supone una situación caótica para el sector". Así, añadió que "ante esta situación que ya se prolonga, muchos de estos mariscadores están desesperados y otros han tenido que buscarse la vida y han cambiado la coquina por la aceituna". Una coyuntura que, para el popular, "la Junta desconoce porque no se preocupa de escucharles".

Por todo ello, el PP reclamará en el Parlamento que la Junta "apoye a este sector, abra un proceso de diálogo y ponga en marcha mecanismos de control y medidas que ayuden a arreglar la situación".

Según subrayó García Longoria, "el colectivo pide que se acabe con los agravios comparativos que sufre y que se regularice de una vez por todas el marisqueo para salvaguardar el caladero onubense". Se trata, en sus palabras, del sector "más abandonado, más desprotegido y peor tratado por la Junta" y el que "peor lo está pasando".