espacio natural de doñana

El PP lleva al Parlamento otra iniciativa sobre el Plan Almonte-Marismas

  • El grupo popular pide, a través de una Proposición de Ley, la creación de una comisión de trabajo para abordar el conflicto de los cooperativistas que optaron por la retirada de los cultivos

El PP ha presentado en el Parlamento andaluz una Proposición de Ley sobre el Plan Almonte-Marismas para dar una solución definitiva al conflicto que mantienen los cooperativistas e individuales que optaron por la retirada de los cultivos. La iniciativa propone la creación de una comisión de trabajo que ponga fin a esta problemática, en un plazo máximo de tres meses.

Cooperativistas e individuales que optaron por abandonar las tierras (representan unas 160 familias) reclaman desde hace más de diez años compensaciones por los agrarios comparativos respecto a los que optaron por la continuidad de los cultivos.

Los agricultores denuncian agravios comparativos por parte de la Junta160Cooperativistas y particulares. Son los que demandan compensaciones económicas

El presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto del grupo popular en el Parlamento, Manuel Andrés González, que explicó los detalles de la iniciativa acompañado por el portavoz de los cooperativistas, Juan Gamero, expuso que su formación ha sido el único partido que desde siempre ha apostado por dar una solución a este problema que se remonta ya a hace más de dos décadas.

González recordó que "desde hace años los cooperativistas vienen reivindicando al Gobierno andaluz algo que es justo: la creación de una comisión que evalué los perjuicios que se le ocasionó a estas personas".

Unos perjuicios que llegaron "por hacer lo que, precisamente, les pidió la Junta que hicieran: levantarse de unas tierras de cultivo que poseían en los subsectores II-13, II-14 y II-16 de este Plan Almonte-Marismas", explicó el presidente de los populares, que aseguró que el PP siempre ha apostado por una solución a este problema a través de las múltiples propuestas presentadas en el Parlamento.

Algunas de estas propuestas han salido adelante, pero el Gobierno de Junta de Andalucía las ha dejado luego en el cajón. Llegados a este punto y para satisfacer la demanda, según González, se impone como única vía parlamentaria para ejecutar esa pretensión es "presentar una Proposición de Ley que, de ser aprobada, es vinculante y de obligado cumplimiento por la Administración autonómica".

La comisión de trabajo estaría formada por representantes de los partidos con representación parlamentaria, el Gobierno andaluz y los afectados.

El PP también presentará además una moción en el Ayuntamiento de Almonte en la que se reclamará a todos los grupos políticos que sus representantes en el Parlamento aprueben y respalden esta iniciativa.

"Espero que todos los partidos respalden en el Parlamento esta iniciativa del PP para poder hacer justicia a muchas familias que se han visto perjudicadas desde hace mucho tiempo por hacer, simplemente, lo que la Junta les pidió que hicieran", espetó González.

En el mismo sentido se pronunció Juan Gamero que aplaudió la iniciativa del PP y dijo que esperan que todas las fuerzas políticas la respalden.

Los cooperativistas e individuales que optaron por la retirada de la tierra denuncian desde hace tiempo que las condiciones pactadas inicialmente fueron modificadas en beneficio de quienes decidieron seguir con la actividad y en perjuicio de los que aceptaron abandonar los cultivos para preservar el Espacio Natural de Doñana.

Los representantes de la comisión entienden que se han producido irregularidades, que han sido "engañados" y que se ha producido un claro perjuicio a los agricultores acogidos a la retirada, al mejorar sustancialmente y de forma unilateral las condiciones de acceso a la propiedad a los que optaron por seguir con los cultivos.

Según el colectivo, no solo se ha permitido hacer negocio a los concesionarios acogidos al acceso en propiedad, sino que en algunos casos se ha permitido que pase de ser pública a privada, intensificándose la agricultura en el límite del Parque Nacional de Doñana.

Entre las condiciones se exigía el pago de las deudas con la Administración, se prohibía la venta de las tierras a las que se accedía en el plazo de ocho de años y se exigía el acceso a la propiedad de forma inmediata tras el acuerdo.

Sin embargo, una vez que el colectivo de agricultores optaron por la retirada de los cultivos, la Junta permitió el acceso a la propiedad al resto de concesionario en condiciones mucho más ventajosas a la pactadas. Los cooperativistas sostienen que de haberlo sabido, también hubieran optado por la permanencia, al tiempo que denuncian que a los que optaron por la continuidad se les permitió que realizaran operaciones de compra venta de los terrenos concedido por la Administración con unas plusvalías millonarias y antes del transcurso de los ocho años establecidos en el acuerdo inicial.

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