repetición del caso aljaraque

Orta admite cobros "en negro" para justificar los desfases patrimoniales

  • El exalcalde desvincula su actividad privada de la gestión municipal

  • Casto Pino se acoge a su derecho a no declarar

Casto Pino, Orta y A.G.V., sentados ayer en el banquillo de los acusados durante la repetición del juicio del caso Aljaraque. Casto Pino, Orta y A.G.V., sentados ayer en el banquillo de los acusados durante la repetición del juicio del caso Aljaraque.

Casto Pino, Orta y A.G.V., sentados ayer en el banquillo de los acusados durante la repetición del juicio del caso Aljaraque. / alberto domínguez

El exalcalde de Aljaraque Juan Manuel Orta, el que fuera su concejal de Urbanismo, Casto Pino, y su socio en la empresa Taller de Finanzas SL, A.G.V., probaron ayer por segunda vez la hiel del banquillo de los acusados durante la primera sesión del plenario que se repite en la Sección Primera de la Audiencia de Huelva por imperativo del Tribunal Supremo, ahora con los magistrados de la Tercera. La jornada estuvo marcada por la solicitud de las defensas de la nulidad del procedimiento, basándose en la indefensión de los encausados. También arremetieron contra las escuchas telefónicas, que el Supremo considera válidas y que le sirvieron, entre otras pruebas, para ordenar esta segunda entrega del juicio.

Pero lo más interesante de la vista oral estuvo, sin duda, en los testimonios de dos de los tres investigados: Orta y A.G.V. Casto Pino se acogió a su derecho a no declarar.

El exalcalde de los aljaraqueños (PP, 1995-2007), que se enfrenta ahora a cinco años y medio de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil y otro contra la Hacienda Pública, admitió haber cobrado "en negro" a lo largo de su carrera profesional como socio de la asesoría Taller de Finanzas SL, argumento del que se sirvió para justificar los desfases en su patrimonio localizados por el fisco. Así, indicó que a pesar de no tener pruebas de ello, "cobramos en algunas ocasiones a clientes sin facturarles, como se hace en el 99% de las empresas".

Orta atribuyó a la sociedad que comparte a medias con A.G.V. la adquisición de naves industriales en 2003 y de dos apartamentos en Nuevo Portil e Islantilla en 2004, desmarcándose de la idea de que fueran para uso y disfrute personal. "Eran inversiones de la empresa, yo nunca he disfrutado de esas viviendas", enfatizó ante la sala.

Cuando el abogado del Estado le preguntó por la liquidación -en 2004- de la hipoteca que pesaba sobre una finca rústica de Aljaraque que había adquirido años antes, el exalcalde defendió que abonó el montante con dinero "que mi suegra le dio a mi mujer", entre otros ahorros o regalos familiares, una maniobra "que nunca pensé que tendría estas consecuencias; si llego a saber que la liquidación de la hipoteca daba lugar al delito, no la hubiera hecho nunca". En todo momento desvinculó su actividad privada de la gestión municipal.

Juan Manuel Orta lamentó por otra parte que la causa judicial abierta en 2007 y por la que hoy se le juzga "interrumpiera" la inspección de la Agencia Tributaria a la que estaban siendo sometidas sus cuentas, las de su socio y las de la asesoría de ambos. "Estaba a punto de terminar y habíamos admitido algunos ingresos sin justificar; hubiera quedado en una sanción de Hacienda, pero al final todo acabó en delito fiscal", algo que el exregidor considera "desproporcionado".

Sobre el empresario que destapó el caso Aljaraque con una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción hace diez años, Orta manifestó que habían tenido desavenencias y que "odiaba al Ayuntamiento".

La otra declaración que se escuchó ayer en la sala, la de A.G.V., se centró en el ejercicio 2004. El economista admitió el cobro de servicios en "negro, sin factura ni IVA". Fue él quien pagó en junio de ese año los más de 200.000 euros que desembolsó Taller de Finanzas para adquirir propiedades inmobiliarias, aunque "no recuerdo" entregar el dinero en metálico al notario en "billetes de 500 euros". Con el avance del interrogatorio terminó por negarlo. El origen del dinero que inflaba sus cuentas entonces son producto "de 30 años en el despacho, de los ahorros que tenía en casa o del dinero que ganaba mi mujer dando clases particulares, en negro también".

El plenario se desarrollará en al Palacio de Justicia de Huelva hasta el miércoles de la semana que viene, cuando quedará visto para sentencia. Hoy se escuchará en la sala a los investigadores del caso.

Para Casto Pino la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal solicitan ocho años y medio de prisión, al contemplar delitos de cohecho, blanqueo de capitales y dos delitos contra la Hacienda Pública. La Agencia Tributaria estima el fraude cometido en 1,8 millones.

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