Sombra de corrupción en aljaraque

Orta y Casto Pino tendrán que acudir semanalmente al juzgado

  • La juez encargada de la investigación mantiene los cargos por falsedad en documento mercantil, blanqueo de dinero y un delito contra la hacienda pública · El ex alcalde retoma su actividad laboral

Comentarios 2

No se han producido sorpresas en la imputación de los cuatro detenidos el pasado martes en Aljaraque. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva mantiene los cargos por falsedad en documento público, blanqueo de dinero y un tercer delito contra la hacienda pública contra el ex alcalde, Juan Manuel Orta, su socio, Antonio García, el ex concejal de Urbanismo, Casto Pino, y la mujer de éste, Antonia Santos.

El mutismo que mantuvieron los abogados de los imputados, Manuel Macías (que representa a Orta y a su socio) y Francisco Baena Bocanegra (que defiende a Casto Pino y a su mujer), tras la puesta en libertad en la madrugada de ayer, después de que los detenidos habían pasado dos días en los calabozos de la Guardia Civil y de la Audiencia Provincial y sometidos a maratonianas jornadas de interrogatorios, levantó una alerta que quedaba ya acallada. Los tipos delictivos relacionados directamente con la gestión pública no han saltado, de momento. El juzgado mantiene el secreto de sumario mientras las partes confían en que se levante lo antes posible.

La juez instructora no ha visto motivos de alarma social ni riesgo de fuga pero, siguiendo los procedimientos, ha puesto condiciones a la libertad de los implicados en la presunta trama de fraude fiscal. Los imputados tendrán que acudir semanalmente a los juzgados (para firmar) y no pondrán poner un pie fuera del país si no cuentan con la correspondiente autorización judicial.

Orta, que ha declinado hacer valoración alguna sobre el proceso judicial en el que se haya inmerso así como tampoco sobre su detención y los dos días que permaneció bajo custodia de las fuerzas de seguridad, volverá a su actividad normal y retomará su trabajo. En declaraciones a Onda Cero Radio, recogidas por Europa Press, únicamente reconoció encontrarse "cansado, pero con muchísimas ganas de seguir trabajando en el despacho", agradeció el apoyo recibido, destacando que ahora "toca esperar acontecimientos y que todo vaya por su cauce".

Una vez confirmados los cargos, parece alejarse la sospecha de que la detención de estas cuatro personas se deba a motivos estrictamente urbanísticos o relacionados con la gestión pública. Los cargos que se imputan a Orta, Pino, García y Santos no aparecen habitualmente en este tipo delitos al no relacionarse con la gestión pública, sino que (como se ha visto en los últimos casos de detenciones de cargos públicos) se suele imputar presuntos delitos de cohecho, prevaricación o malversación de fondos públicos. Tampoco es habitual el que finalmente no se haya pedido fianza para su puesta en libertad. Esto se suma al hecho de que Hacienda ha realizado en el último año una inspección sobre una de las empresas en la que Juan Manuel Orta y Antonio García son socios desde antes de que el primero accediese al cargo de alcalde de Aljaraque, aunque no obstante no se puede determinar tampoco si la detención de los ahora imputados obedece a esta operación de investigación tributaria, ya que su origen permanece sin salir a la luz al haber decretado secreto de sumario la juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva.

Sobre Orta y Pino pesa todavía la denuncia realizada por el promotor Rafael Barroso sobre el presunto cobro de comisiones ilegales a las empresas que querían construir en Aljaraque. Barroso presentó una amplia denuncia en enero de 2007 ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que llegaba incluso a tipificar los delitos presuntamente cometidos por los dos responsables políticos de Aljaraque (hablaba en ese documento de un posible cohecho). Anticorrupción revisó el documento y remitió el expediente a Huelva, recayendo el asunto en manos el Instrucción número 3, que abrió diligencias.

Desde entonces hasta la detención de los cuatro imputados hay 14 meses de investigación, en la que ha intervenido el Servicio de Vigilancia Aduanera. Durante todo este tiempo se han rastreado cuentas bancarias de ambos ex cargos políticos y de sus colaboradores, se han examinado sociedades y, al menos en dos ocasiones en el último año, se ha solicitado documentación al Ayuntamiento de Aljaraque.

Juan Manuel Orta, que anunció para sorpresa de muchos que no se presentaba a la reelección en las elecciones municipales de 2007, respondió a Barroso con una querella por injurias, calumnias y denuncias falsas.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios