La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio otorgó ayer un volumen aprovechable de hasta 115,2 hectómetros cúbicos de agua anuales a las comunidades de regantes onubenses, todas adscritas a la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras, después de 30 años regando con concesiones a precario.

Concesiones que vienen a poner fin a una situación anómala y de cierta inseguridad jurídica, que en toda la Comunidad Autónoma Andaluza sólo afectaba a los regantes onubenses. Esta situación se inició en el año 1983, cuando un primer grupo reducido de personas de los municipios de Cartaya, Lepe, Palos de la Frontera y Moguer iniciaron la puesta en marcha de los regadíos en la provincia onubense.

Las concesiones se realizan con tomas directas al Sistema General de Infraestructuras Hidráulicas de la Junta de Andalucía, como lo hicieron efectivo ayer en Huelva el delegado del Gobierno, José Fiscal, el director general de Planificación Hidrológica y Gestión del Dominio Público Hidráulico, Juan Serrato, y la delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González Bayo, que entregaron a las comunidades de regentes beneficiarias unas resoluciones que suponen, según máximo representante de la Administración autonómica en Huelva, "la regularización y el amparo administrativo definitivo a una superficie de 37.777 hectáreas de la provincia".

Con estas concesiones, según expuso Juan Serrato, culmina un "largo periodo" de tramitación administrativa que viene a normalizar los aprovechamientos de aguas públicas superficiales procedentes de los recursos regulados a través de las presas del Andévalo, del Chanza, del Piedras y de Los Machos con destino al regadío del ámbito hidrográfico de la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras, donde están integradas las superficies agrícolas de las comunidades de regantes de Andévalo-El Almendro, Andévalo-Guadiana, Andévalo-Pedro Arco, Piedras-Guadiana, Chanza-Piedras, Sur-Andévalo, Palos de la Frontera, Valdemaría y El Fresno.

En este punto, Josefa González Bayo precisó que las resoluciones de concesión otorgadas abarcan la superficie regable sobre la que la Junta de Andalucía posee competencias plenas en materia de gestión y aprovechamiento de recursos hidráulicos (demarcación Tinto-Odiel-Piedras), por contraposición a lo que ocurre con la del Guadalquivir, dependiente del Gobierno de la nación. Los derechos entregados engloban, en consecuencia, a los términos municipales de El Almendro, San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, Villablanca, Villanueva de los Castillejos, Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, San Bartolomé de la Torre, Gibraleón, Aljaraque, Punta Umbría y Palos de la Frontera, así como parte de los de Lucena del Puerto y Moguer.

La culminación de este proceso, según señaló el director general de Planificación Hidrológica y Gestión del Dominio Público Hidráulico, "asegura plenamente" la satisfacción de todas las demandas reales existentes para el suelo puesto en riego en la actualidad, para todos los cultivos transformados, lo que constituye, a su juicio, un "hito histórico" en la agricultura onubense, "con lo que ello representa para la provincia en términos laborales, comerciales y económicos". De hecho, el abastecimiento de ese volumen aprovechable de hasta 115,2 hectómetros cúbicos de agua anuales se encuentra "garantizado en situaciones climáticas ordinarias" concluyó.

Los regantes se congratulan del paso que ha dado la Administración autonómica, aunque consideran insuficiente la dotación. El colectivo estuvo representado en el acto de ayer por el presidente de la Comunidad de Regantes Sur-Andévalo, Rodrigo Molina, mostrando su satisfacción por la consecución de un objetivo "tan anhelado y a la vez demandado por los regantes onubenses". En este sentido, Molina felicitó a la Consejería por conceder a las comunidades de regantes onubenses sus respectivas concesiones definitivas de aguas superficiales, "instrumento que, a buen seguro, aportará la necesaria e imprescindible seguridad jurídica a muchísimas explotaciones agrícolas en la provincia de Huelva".

Un objetivo, según precisó, que en algunos casos ha necesitado gestiones que "se remontan a los años 80 del siglo pasado" y cuyo logro ha venido "tras una existencia en permanente provisionalidad derivada de un régimen de riego a precario, fórmula acertada que nos ha permitido comenzar a regar y crecer" y que hace que "hoy la mayor parte de ellas pueden certificar públicamente su derecho al agua".

Es por ello por lo que Molina quiso felicitar públicamente y en nombre de todas las comunidades de regantes onubenses al director general de Planificación Hidrológica y Gestión del Dominio Público Hidráulico y a la consejera, así como agradecer la labor del personal técnico que lo ha posibilitado, "en particular a los que desde la Delegación Territorial de Huelva han sabido aceptar el reto con la suficiente valentía y convicción para alcanzar la ansiada meta".

No obstante, según prosiguió Molina, estas concesiones "no colman las aspiraciones históricas de los regantes onubenses" ya que "por una discutible decisión de la Consejería se nos conceden unos volúmenes de agua claramente insuficientes para garantizar una producción de calidad en la mayor parte de las explotaciones de regadío". Es por ello que los regantes califican la concesión como "ciertamente conservadora en el reparto con un objetivo que no alcanzamos a entender, porque viene a contradecir lo dispuesto en el propio Plan Hidrológico de la Demarcación". Y es que según precisó, "las concesiones que se nos entregan hoy están muy lejos de satisfacer las exigencias hídricas de los diferentes cultivos, avaladas estas últimas por múltiples y cualificados informes técnicos". En este sentido, recordó que en la provincia de Huelva "se aplican las más modernas técnicas de riego, alcanzando el riego por goteo el 100% de la superficie transformada y con un consumo de agua contabilizado mediante contador, cuyas tarifas llegan a niveles que con el imparable aumento de la energía las hacen difícilmente soportables".

Igualmente se puso de relieve la necesidad de "seguir trabajando coordinadamente con las administraciones" para solucionar temas como el mantenimiento de instalaciones y para concluir algunas obras pendientes como el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, el doblado de la capacidad de los bombeos del Boca-Chanza, el recrecimiento de la presa del Andévalo, la construcción de la presa de Alcolea y de las conducciones para hacerla efectiva, o el mejor aprovechamiento de la energía hidráulica en el sistema, todo ello "compartiendo con dichas administraciones el esfuerzo económico y organizativo que implica su desarrollo".

Por su parte, Juan Antonio Millán, presidente de las comunidades de regantes del Andévalo Minero y el Andévalo Fronterizo, actualmente aún sin regar por encontrarse inmersas en la conclusión de sus respectivos proyectos, ha mostrado su satisfacción por llegar "al final de un camino que comenzamos el 1983 un reducido grupo de personas en Cartaya que formamos posteriormente cuerpo con Lepe, Palos de la Frontera y Moguer". Y es que para Millán las concesiones "son una consolidación y una garantía para muchas empresas onubenses".

Igualmente señaló que estas concesiones "nos permite saber que son 37.000 hectáreas las que se riegan realmente en la provincia, y por tanto conocer la reserva de agua disponible para ampliar los regadíos en la provincia transformando otras comarcas agrícolas declaradas de interés general y en las que hay agricultores dispuestos a iniciar nuevos proyectos de regadío, como sucede en el Andévalo Fronterizo y Minero".