Provincia

La Junta destina casi 391.000 euros en ayudas a la provincia por el temporal

  • El 43% de la cantidad se reparte entre los municipios de Cartaya, Lepe y La Redondela

  • La gravedad de los daños, la población y la capacidad económica marcan la distribución

Un vecino desaloja sus enseres de su garaje en la localidad de Aljaraque a comienzos de diciembre.

Un vecino desaloja sus enseres de su garaje en la localidad de Aljaraque a comienzos de diciembre. / alberto domínguez

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía recogía ayer la Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Local, por la que se concedían las ayudas concedidas por el Ejecutivo autonómico para paliar los efectos producidos por el temporal que azotó a varias provincias a comienzos de mes y que afectó especialmente a las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva. En lo que se refiere a la provincia onubense, las ayudas globales ascienden a 390.972,71 euros repartidos entre once localidades.

La más beneficiada por la línea de ayudas de la Junta es la localidad de Cartaya, que dispondrá de 59.321,06 euros, con Lepe (56.938,22) y La Redondela (52.642 euros) a continuación. Estos tres municipios se quedan con el 43% del total del dinero que llegará a la provincia. El resto se lo repartirán entre Aljaraque (33.351,20 euros) y Almonte, Alosno, El Granado, Moguer, Palos de la Frontera, Santa Olalla del Cala y Villarrasa, que de acuerdo a los baremos determinados por la orden publicada ayer, se harán con una cantidad de 26.960 euros cada una de ellas.

Las ayudas se enmarcan dentro de las transferencias de financiación del Programa de Colaboración Financiera Específica con las Entidades Locales para actuaciones extraordinarias en infraestructuras e instalaciones destinadas a la prestación de servicios esenciales y básicos de la competencia municipal dañadas por los fenómenos meteorológicos adversos sufridos en diversas zonas de las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga desde el 1 de diciembre al 5 de diciembre.

El montante económico fue aprobado por el Consejo de Gobierno el martes de la semana pasada en un decreto ley por el que se destinan alrededor de 2,7 millones de euros a este fin. Tres días después, se publicó el decreto en el BOJA y, una vez concluido el proceso de obtención de datos y cálculo de las cuantías, se publicó ayer la cantidad que le ha correspondido a cada municipio. Ésta se ha distribuido entre las localidades atendiendo a la gravedad de los daños sufridos, así como a su población, superficie urbana y capacidad económica.

Según comunicó después de la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el pasado día 13 cuando se aprobó el montante total de las ayudas, "las obras se centrarán en dotar de estabilidad los terrenos por donde discurre el Túnel de San Silvestre, en la conexión del Canal del Granado-Arroyo del Cuco-Canal de Enlace Directo, y en la reposición de la almenara 3 del Canal del Piedras, donde se han ocasionado desprendimientos e inestabilidad de taludes, con riesgo de rotura e interrupción de suministro".

Tal y como señaló la Junta tras la concesión de las ayudas, la medida persigue evitar la paralización de servicios de competencia municipal esenciales para la salud, la seguridad y la movilidad, principalmente vinculados a infraestructuras de abastecimiento de agua potable; evacuación y tratamiento de aguas residuales; acceso a los núcleos de población; pavimentación y señalización de vías urbanas; alumbrado público; limpieza viaria; cementerios; recogida y tratamiento de residuos; prevención y extinción de incendios, y conservación y mantenimiento de edificios de Educación Infantil, Primaria o Especial.

El decreto ley incluye también la consideración de proyectos financiables los referidos a reparación o adquisición de mobiliario urbano dañado; limpieza de vías urbanas; adquisición de cisternas de agua, y retirada de escombros y lodos, además de todas aquellas intervenciones necesarias para la prestación de servicios básicos. Según la Junta, la asignación de los 2,7 millones se distribuirá entre los municipios atendiendo a la gravedad de los daños sufridos, así como a su población, superficie urbana y capacidad económica. No obstante, se establece una limitación de cálculo para que ninguno de ellos reciba menos de un 1% ni más de un 10% de la cantidad total.

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