El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, espera que el expolio producido en el yacimiento arqueológico de Corta del Lago en Riotinto, catalogado Bien de Interés Cultural (BIC), y donde se han detectado más de cincuenta afecciones por el uso de un detector de metales, tenga sus consecuencias, de modo "que la investigación judicial haga que los culpables de atentar contra el patrimonio paguen por ello".

Según señaló el titular de Cultura a Huelva Información, su Administración ha abierto un expediente informativo, como marca la ley, si bien "en este caso ha habido una actuación coordinada de la propiedad de la mina, Atalaya Mining, y de la Junta". No obstante, recordó que en estos momentos el caso está en manos del Seprona, llegará a la Fiscalía y la Junta ha trazado también su hoja de ruta.

"Cuando hablamos de expolio, tenemos que lanzar un mensaje de concienciación ciudadana. Porque, cuando se expolia el patrimonio, se expolia a la sociedad. Sea público o privado ese patrimonio (en este caso está en suelo privado) se trata de un patrimonio que es de todos y que nos permite conocer nuestra historia y, muchas veces, cuando se expolia, no sólo te privan del bien, sino que se daña la posibilidad de investigación y de conocimiento", manifestó Vázquez.

Según el consejero, la empresa se ha comprometido a reforzar la seguridad, que "es el requerimiento que se le ha hecho desde la Junta de Andalucía".

En el informe preliminar realizado por el arqueólogo de la empresa que dirige los trabajos, Luis Iglesias, ratificado por los arqueólogos de la Delegación Territorial de Cultura, se describe que en la mañana del pasado 8 de enero "al subir a trabajar al yacimiento, pudieron observar que había remociones de tierra que no habían sido realizadas por el equipo". Ante esta situación, procedieron a inspeccionar el yacimiento y contabilizaron "hasta 54 afecciones realizadas mediante el empleo de un detector de metales".