El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Huelva, José Antonio Cortés, afirma que la Delegación ha mantenido una reunión con el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para ver las zonas que podrían delimitarse dentro de la aldea El Calabacino bajo la figura urbanística de hábitat rural diseminado y para que las edificaciones que "cumplan con la ley se regularicen urbanísticamente" y sean incluidas en el citado plan.

En declaraciones a Europa Press, el delegado precisó que con este paso van a dar "una respuesta plausible y viable en un asunto que ha generado controversia en la localidad".

La pretensión es distinguir las casas históricas de las que no cumplen la ley

En esta aldea, ubicada en su término municipal y en pleno parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, conviven más de un centenar de personas en sus viviendas, entre las que hay que distinguir las construcciones históricas o antiguas de aquellas otras que "no cumplen ningún parámetro legal".

Además, como están en el periodo de revisión del PGOU, van a promover una modificación para que se considere como hábitat rural dentro del dentro del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque (PRUG), respondiendo así "a la inquietud de estas personas que están viviendo una situación complicada".

A su vez, mostró un "respeto escrupuloso" a la justicia, pero insiste en que de cara al futuro "tenemos que ordenar de alguna manera estos asentamientos que proliferan cada vez más, con personas que buscan otra forma de vida con más contacto medioambiental".

La necesidad de un acuerdo se hace fundamental para los 114 habitantes de la ecoaldea de Alájar, de los que ya varias familias están encausadas por la supuesta ilegalidad de las edificaciones. La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, además, ha acabado denunciando a la alcaldesa de Alájar, Carmen Osorno, por no haber actuado (posible prevaricación) en, al menos, 22 viviendas levantadas sobre suelo de especial protección del parque Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Los afectados ya indicaron en su momento a este periódico que "no es posible que a nosotros, que defendemos con uñas y dientes el medio rural y que pertenecemos a la Red Mundial de Ecoaldeas, se nos esté imputando un delito medioambiental". La portavoz de los vecinos, Cecilia Rodríguez, siempre ha mantenido que los cuatro imputados que hay hasta la fecha "no tienen miedo porque están arropados por todos nosotros y no han hecho nada ilegal sino alegal", a la vez que lamenta "lo desproporcionado de estas medidas" por la vía penal contra el vecindario, asentado en la zona desde 1979. "Creemos que nos están metiendo en el saco de los especuladores y nosotros no tenemos nada que ver con ellos".

Ya en enero se reunieron con el director conservador del paraje, Antonio José López, y con el delegado territorial de Medio Ambiente, además de con la Fundación Savia, para tratar de buscar una salida lógica al problema, que parece que pasa por el encaje de El Calabacino en la figura de hábitat rural diseminado.