El uso de cebos envenenados en el medio rural está vinculado, sobre todo, a la caza y la ganadería. En las explotaciones cinegéticas, sobre todo de perdiz roja y conejos, este tipo de prácticas ilegales es "tradicional para acabar con alimañas" como ginetas y zorros, y otros depredadores, señala la responsable de Gestión del Medio Natural en Huelva, Ana Warleta. Así se trata de evitar hace años que descienda la población de las especies en que basan su actividad económica.

Algo parecido ocurre en zonas ganaderas, teóricamente para proteger cabezas de ganado, aunque también, frecuente en el medio rural, por rencillas, venganzas y disputas entre propietarios de fincas. Y en entornos urbanos y semiurbanos, para deshacerse de perros y gatos abandonados, fundamentalmente.

Aunque el foco del veneno está identificado, y hay zonas de especial predominancia (Almonte, Hinojos, Moguer y Aroche, según información de Medio Ambiente), otra cosa es ponerle nombre y apellidos. "Es muy complicado hacer un seguimiento y poder demostrar quién es responsable", reconoce Warleta. En los últimos años, pocas sentencias condenatorias se han dado en España, ninguna en Huelva, por un delito que está penado hasta con dos años de cárcel.

Pero las autoridades se han tomado en serio esta amenaza en los últimos años. Andalucía es destacada por el informe de WWF y SEO Birdlife como la comunidad que más y mejor ha trabajado en España: "Además de destinar más medios que ninguna otra, es la única que ha creado un equipo específicamente dedicado al problema con una especial formación y con continuidad en el tiempo".

En marcha está la Estrategia Andaluza contra el Veneno, con más de 60 medidas en su plan de acción. Una de las principales es la Unidad Canina Especializada, creada en 2004, que trabaja en la detección de cebos con venenos como el aldicarb o el carbofurano, los más extendidos y expresamente prohibidos por la UE. Pero también existe la Brigada de Investigación de Envenenamiento de Fauna en la provincia de Huelva, creada en 2014, y se realizan campañas de formación y divulgación, entre otras acciones más.

"Hay que insistir mucho en divulgar los riesgos del uso ilegal de venenos para que haya más concienciación entre la población. Se ha avanzado mucho también en esto pero quizá habría que hacer un poco más", admite Ana Warleta en un ejercicio de autocrítica. Más control y vigilancia, más medios, más educación, recalca, "y más condenas y penas más duras".