El juzgado que investiga la muerte de un joven de 28 años en una cacería de Aroche ha imputado por un delito de homicidio por omisión al dueño de la escopeta, que se la prestó a su novia, una joven sin licencia de armas ni seguro, y la invitó a disparar "si veía un animal".

El suceso ocurrió el 20 de octubre de 2007 en el coto 'Los Siries', cuando el cazador J.P.R.S. se encontraba participando en una montería y recibió un tiro en la cabeza efectuado por S.R.R., una joven de 29 años que no estaba autorizada para participar en la cacería y que no disponía de licencia de armas, de caza ni de seguro.

Fuentes del caso dijeron ayer a Efe que la joven declaró como imputada en el juzgado la semana pasada y aseguró que fue su novio y propietario de la escopeta quien se alejó de su puesto pero le dejó la escopeta cargada, con el consejo de que si veía un animal, debía disparar contra él.

Cuando apareció un venado, la mujer disparó contra el animal pero el impacto alcanzó en la cabeza a otro cazador que se encontraba en su puesto reglamentario.

La joven imputada declaró además que llevaba varios años acudiendo a monterías y utilizando armas, por lo que pensaba sacarse en breve la licencia correspondiente.

A la vista de este testimonio, la juez imputó al propietario del arma, M.J.M.R., por incumplir su obligación legal de no abandonar nunca el arma ni crear con su comportamiento un riesgo para algún bien jurídico protegido, en este caso la vida humana.

El imputado negó haber hecho a su novia la invitación a disparar pero reconoció que se alejó de su puesto de caza y dejó el arma cargada, convencido de que la mujer no dispararía.

Tras la declaración de ambos imputados, la juez les ha impuesto una fianza de 91.000 euros para el pago de las posibles responsabilidades económicas, de cuyo pago son responsables directos la compañía aseguradora 'Caser' y la Federación Andaluza de Caza, y responsable subsidiario la Sociedad de Cazadores de Aroche.

El arma utilizada era un rifle de largo alcance marca 'Winchester Magnum' y calibre 300, de gran poder destructivo, que fue intervenido por la Guardia Civil junto con todas las armas utilizadas en la montería.

El fallecido era el secretario de la Sociedad de Cazadores de Aroche y se trataba de la primera montería organizada por la nueva directiva de la asociación.

El abogado sevillano Rafael Villegas se ha personado como acusación particular en nombre de la familia del fallecido y ha dicho a Efe que el caso podría llegar a juicio como un presunto delito de homicidio por imprudencia y otro de tenencia ilícita de armas, con una pena superior a los dos años de cárcel.