Los principales partidos políticos con representación en Andalucía, excepto el PSOE, han firmado un documento en el que apoyan las reivindicaciones de la Comisión de Representantes de Sociedades Cooperativas del Plan Almonte-Marismas, según confirmó ayer a este periódico el presidente de este colectivo, Juan Gamero.

En el escrito, ratificado por el PP, IU, Coalición Andalucista y Unión Progreso y Democracia ante de las elecciones andaluzas, los partidos secundan la solución que por consenso se tomó para dar una salida a los cooperativistas implantados en el Plan Almonte-Marismas en 1997, consistente básicamente "en la retirada de cultivos con unas determinadas condiciones que se han cumplido y en fijar otras alternativas para los que optaran de forma libre por seguir cultivando, que no se han tenido en cuenta y que han provocado un agravio total y absoluto sin que medien leyes habilitantes, derecho administrativo ni resoluciones sustentadas en el derecho existente".

Por este motivo, los grupos políticos firmantes acuerdan secundar las reivindicaciones de los más de 160 cooperativas acogidos a la retirada de tierras de cultivos, porque consideran que "se ha producido un trato desigual en cuanto al tratamiento de las deudas contraídas con el IFA; se ha permitido la especulación pura y dura con adquisición de tierras en condiciones ventajosas; se han condonado deudas sin leyes habilitantes y porque se ha permitido el cultivo de tierras en zonas que los responsables del Parque Nacional descartaban por su importancia en el ecosistema de Doñana".

Ante esta situación, y dada "la inmensa injusticia cometida con unos cooperativas que en su día confiaron en lo que la administración andaluza les dijo por escrito y luego no han cumplido, existiendo en algunos casos beneficiarios de estas ventajas bastante cercanos al Partido Socialista de Huelva", los firmantes creen conveniente reponer la legalidad y hacer algo estrictamente de justicia, como es "fijar un trato igualitario de todos los ciudadanos ante la administración como recoge la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía".

Por todo ello, y de cara a la próxima legislatura andaluza, los partidos firmantes se comprometen "a impulsar una mesa de negociación que lleve a una solución política aceptable para las cooperativas e individuales afectados que fueron engañados por el Gobierno socialista andaluz, instándose incluso el inicio de una comisión de investigación para analizar los incumplimientos e irregularidades existentes, con la presencia de partidos políticos y Bruselas".

Asimismo, y con arreglo a lo previsto en el artículo correspondiente en el Reglamento del Parlamento andaluz, los partidos políticos citados acuerdan formular una proposición no de ley en pleno, relativa a la adopción de medidas para resolver los problemas de las cooperativas e individuales de los subsectores II-13, 14 y 16 del Plan Almonte-Marismas, del término municipal de Almonte, y así prestar ayudas a las numerosas familias afectadas.

Por último, también acordaron emprender acciones para no seguir permitiendo que se cultive en zonas que expresamente perjudican al ecosistema del Espacio Natural de Doñana y que fueron nítidamente señaladas por la Comisión de Expertos en 1992, perjudicando así de forma grave a un espacio especialmente sensible con la connivencia total de la Consejería de Agricultura.