Huelva se enfrenta al primer juicio por racismo en España

  • El alcalde y once vecinos más se sentarán en el banquillo de los acusados por los incidentes contra la comunidad gitana de las Eritas tras la muerte violenta de Mateo Vázquez

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J.M.A.M. y J.A.A. fueron los primeros en sentarse en el banquillo de los acusados. Ahora lo hará A. M. (Antonio Marín, el alcalde de Cortegana). El crimen de Mateo Vázquez, el 1 de enero de 2005, a manos del primero de los acusados, condenado a dieciocho años de cárcel (el segundo quedó absuelto) tuvo unas consecuencias que tres años después aún colean. La muerte de Vázquez, de 55 años y con las facultades psíquicas algo mermadas, provocó una ruptura social en Cortegana y desató toda una serie de acontecimientos inesperados que se van a materializar en un juicio contra el regidor del municipio serrano el próximo 31 de marzo. Antonio Marín se enfrenta a una petición de la Fiscalía de un año y nueve meses de prisión por presuntos delitos de desórdenes públicos y otro continuado de daños tras los incidentes que se produjeron contra la comunidad gitana del barrio de Las Eritas. Es la primera vez que se tramita en España un proceso penal de racismo.

El Ministerio Fiscal considera probado que el alcalde de Cortesana, tras la muerte de Vázquez y a requerimiento de los vecinos convocó una manifestación que debía discurrir entre la plaza de la Constitución y la de la Esperanza, pero la protesta se trasladó hasta la barriada de Las Eritas, donde reside la mayoría de los gitanos que viven en el municipio. Una vez allí, los manifestantes, actuando al unísono, comenzaron a proferir gritos contra el colectivo de etnia gitana, al tiempo que lanzaron piedras y otros objetos contra las casas y los vehículos de los vecinos de ese barrio y provocaron algún incendio, teniendo que intervenir agentes de la Guardia Civil para detener el ataque. Por esta acción, el Ministerio Fiscal pide la misma condena que la del alcalde para otros once participantes en la manifestación, acusados también de un delito de desórdenes públicos y otro de daños.

El ataque se produjo el 16 de enero, días después de ser detenidos dos jóvenes de etnia gitana. El cuerpo sin vida de Mateo Vázquez apareció en el llamado camino del Chanza, que es utilizado por los vecinos para trasladarse a las fincas colindantes en las que existen numerosas casas. Unos vecinos de la localidad fueron los que hallaron el cadáver y avisaron a la Guardia Civil. Vázquez había sido asesinado a golpes y patadas. El autor del crimen, J.M.A.M., había contactado con el anciano la noche de Año Nuevo. Lo montó en su coche y lo depositó apaleado en el lugar donde fue encontrado muerto.

Era la tercera víctima mortal registrada en Cortegana a manos de miembros de la etnia gitana. Antes que Mateos Vázquez lo habían sido Cecilia y María Carmen. Era la gota que colmaba el vaso y la reacción de los payos no se hizo esperar. La brutal muerte de Vázquez rompió la calma del pueblo y rápidamente comenzaron a extenderse voces contra la comunidad gitana. La distribución de una octavilla daba fe de ello, un pasquín repartido por los establecimientos públicos del centro del pueblo en el que convocaba a la ciudadanía a protagonizar una pitada a las puertas del Ayuntamiento. El escrito lo firmaba "un vecinos con miedo" y reclamaba al alcalde mayor seguridad o en su caso su dimisión si no estaba capacitado para "asegurar la tranquilidad del pueblo". Medidas encaminadas a incrementar el número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado para evitar que volvieran a producirse más muertes fueron algunas de las propuestas lanzadas en un Pleno extraordinario convocado por el Ayuntamiento, que se recogieron en un documento en el que también se hacía una llamada a la calma y se pedía a la población el apoyo a las medidas presentadas. Los grupos municipales aparcaron entonces sus diferencias ante el clima de crispación que se registraba en la localidad, donde empezaron a correr aires de venganza y algunos payos comenzaron a exigir a las autoridades que tomaran cartas en el asunto para evitar que pudiera producirse otro 'Puerto Hurraco'.

Con la tensión al límite, algunos vecinos acusaban al alcalde y a la Guardia Civil de pasividad y plantearon iniciativas como una recogida de firmas para expulsar de la población a los responsables del asesinato y al colectivo al que pertenecieran si fuera necesario.

Mientras el barrio de Las Eritas vivía una tensa calma, la convocatoria de concentración a las puertas del Consistorio y la pitada simbólica fue secundada por varios cientos de personas. El acto de protesta no pasó de ser una manifestación pacífica. No iba a ser lo mismo con la que convocó el Ayuntamiento para el 16 de enero. La marcha debía partir a las 19.00 horas y terminaría con una palabras del primer edil para expresar las condolencias a la familia de Vázquez por su asesinato. La presión que venían soportando los vecinos desde que se conoció la muerte violenta se desató en la manifestación. Por la mañana ya aparecieron pintadas xenófobas en la antigua casa consistorial y en algunas casas por el centro del pueblo, que apuntaban al colectivo gitano como el responsable y que incitaban a intimidarle. Los familiares de Mateo Vázquez abrían la marcha con una pancarta con los nombres de las personas que habían sido asesinadas y terminaba preguntando quién sería la siguiente víctima. En la manifestación participó el alcalde. De nada servirían sus esfuerzos para convencer a algunos manifestantes de que la protesta tenía que terminar donde estaba previsto.

El Juzgado de Aracena imputó inicialmente a dieciséis personas, entre ellas Antonio Marín, por los sucesos derivados de la protesta. El alcalde fue imputado en un presunto delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, tipificado en el Código Penal. El juzgado detectó indicios de criminalidad derivados del reconocimiento de su participación parcial en la convocatoria y preparación de la manifestación, así como de la acreditación documental de la falta de adopción de medidas específica para evitar que la manifestación pudiera desarrollarse en un sentido violento. Al resto de los imputados, se les acusaba de un presunto delito de provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar o a la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza. La acusación fue ejercida por Unión Romaní, que consideró al alcalde como uno de los promotores de la manifestación.

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