El presidente del PP en Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, criticó hoy que el Ayuntamiento de la localidad llevará mañana a pleno la recalificación de la autorización de enajenación del SAPU 5 de la localidad, lo que hará que "disminuya en un 25 por ciento el valor del suelo" de esta zona.

Hernández Cansino resaltó que "antes estaba valorado en 62,3 millones de euros y ahora lo está en 46,6 millones, lo que significa que el Ayuntamiento dejará de invertir 15,6 millones de euros para el bien de la localidad" y explicó que "el Consistorio expone motivos vagos como son la crisis, los cambios en los criterios de evaluación del suelo --ahora se mide por la evaluación del IPC y no por los datos del Ministerio de la Vivienda-- para valorar de nuevo esta zona".

En este sentido, el 'popular' reconoció que "esta disminución producirá un perjuicio para el patrimonio público porque el que deja de percibirlo es el Ayuntamiento de Punta Umbría" y alegó que "está preparándose un pelotazo urbanístico para alguien, porque aquí ni siquiera han salido a concurso las parcelas".

Además, Hernández Cansino apuntó a una "ocultación de información" por parte del gobierno local ya que "a ellos les llegó un documento d la Consejería de Gobernación fechado en el 23 de junio --que entró en el Ayuntamiento el 25 del mismo mes-- donde la Junta de Andalucía, en vez de autorizar la venta por silencio administrativo, como se hizo pensar al PP, requería, en el límite del plazo, al Consistorio que aclarase en qué va a emplear ese terreno y los ingresos que se generarán por su venta".

Según explicó el presidente del PP local, el Ayuntamiento "olvida este expediente y decide iniciar uno nuevo que comienza con la disminución del 25 por ciento en el precio del SAPU 5", por lo que los movimientos anteriores "quedan nulos y todo el proceso se inicia de nuevo".

Especulación inmobiliaria

Para José Carlos Hernández Cansino, la justificación de bajar el precio de este suelo debido a "la crisis que viene sufriendo el país y para no contribuir a la especulación inmobiliaria no se entiende porque estos terrenos no van a servir para construir VPO sino hoteles y viviendas de lujo".

Además, explicó que el PP "velará porque se cumpla la legalidad y que el patrimonio de los puntuambrieños se trate como debe hacerse y para lo que ellos necesitan, que son viviendas" y pidió a la Consejería de Gobernación que "no permita que este pelotazo urbanístico llegue a su fin porque debe velar por la legalidad" y admitió que volverá a "alegar con todas las armas posibles a este expediente, tanto administrativas como jurídicas".

El pasado mes de junio, Hernández Cansino anunció que recurriría la autorización de venta del SAPU 5, "por silencio administrativo", que ya había pedido que no se autorizase porque estos terrenos "no se destinarán a un uso social".

En este sentido, recordó que esta venta, aprobada en el pleno municipal del 22 de abril pasado, "incumple la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOUA), que recoge que el patrimonio municipal del suelo debe destinarse a la construcción de VPO o a la de servicios de uso público", tras lo que recordó que en estas parcelas "se construirán un puerto deportivo, viviendas de uso residencial-turístico, viviendas de lujo y hoteles".

Hernández Cansino destacó que esta operación "debe contar con el visto bueno de la Consejería de Gobernación, previo informe realizado por la Delegación de Vivienda en Huelva", tras lo que aseguró que, "si no dictan una resolución ajustada a derecho, se estaría dando, además, un agravio, porque estas situaciones se han analizado con mucho celo en casos de ayuntamientos gobernados por el PP, como ocurrió con el Ensanche en Huelva, que no autorizó".

El presidente del PP de Punta Umbría recordó que el expediente de solicitud de autorización a la Junta de la enajenación de estos terrenos --puesto que se van a ingresar por ellos más del 25 por ciento de los recursos del Ayuntamiento, más de 62 millones de euros--, aprobado en el pleno municipal de abril, "no se especifica el dinero de este montante, que forman el apartado de inversiones del Consistorio aunque aún no está aprobada la operación".

En este sentido, también destacó que, según el artículo 75.2 de la LOUA, los ingresos que se obtengan por la venta de patrimonio público del suelo "deben destinarse a la adquisición de nuevo patrimonio de suelo para construcción de VPO o a otros usos de interés público", que, según apuntó remitiéndose a las inversiones previstas en los presupuestos ya aprobados "no son todos los que se contemplan en las partidas".

Por todo ello, exigió a la consejera de Gobernación, Clara Aguilera, que "no autorice la enajenación de estos terrenos, simplemente haciendo aplicar la Ley, que no se cumple en la operación que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento en la zona conocida como La Peguera".

Además, destacó que "hay una incoherencia en esta operación, en la que no se destina el suelo público para la construcción de VPO, al tiempo que el Ayuntamiento ha solicitado a la Junta la descatalogación de más de 160.000 metros cuadrados de monte público para la construcción de este tipo de viviendas alegando la falta de suelo para ello en el municipio, cuando en el SAPU 5 hay una parcela del mismo tamaño que se podría utilizar para este fin".

A su juicio, "aunque hace unos años estaría justificado el uso hotelero que se contempla en el SAPU 5, actualmente no está justificado un interés público en este sentido porque se ha duplicado la planta hotelera de la localidad y ahora lo que existe en el municipio es una gran demanda de primera vivienda a precio asequible", tras lo que confió en que la consejera "no haga oídos sordos y autorice esta enajenación por silencio administrativo en dos meses en lugar de aplicar la Ley".