gas natural en doñana

El Gobierno insiste en apoyar Marismas Occidental por tener todos los permisos

  • El BOE publica una aportación de 6,3 millones de euros para el proyecto gasista

  • La Junta de Andalucía pide su paralización por los nuevos informes medioambientales

Instalaciones de Gas Natural en Doñana. Instalaciones de Gas Natural en Doñana.

Instalaciones de Gas Natural en Doñana. / alberto domínguez

Los distintos proyectos que tienen como objetivo el almacenamiento de gas natural en Doñana, siguen provocando un enfrentamiento político. Esta vez a causa de la publicación en el BOE, de una subvención de 6,3 millones de euros a Gas Natural para este año. La subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos, recordó ayer que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) autorizó el proyecto Marismas Occidental por ser "el único que dispone de todas las autorizaciones y permisos medioambientales necesarios, incluidos los que son competencia de la Junta de Andalucía".

La subdelegada incidió en que los proyectos restantes "necesitan algún acto de control administrativo adicional por lo que una eventual autorización del Minetad solo se consideraría si estos llegan a otorgarse", señaló en un comunicado.

No se trata de una subvención sino del pago a una infraestructura"Asunción GrávalosSubdelegada del GobiernoLa Junta requiere una revisión de las declaraciones de impacto ambiental"

A su vez, subrayó que fue el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero quien en 2011, adaptó la concesión de explotación de yacimientos de hidrocarburos a una de concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de gas natural, como se recoge en el BOE del 3 de agosto de 2011.

Grávalos añadió que la orden de peajes del gas aprobada para 2018 recoge, entre otras medidas, el pago por el uso y disponibilidad de los almacenamientos de gas que hay en España, entre ellos el de Marismas Occidental.

Por lo tanto, señaló la subdelegada que "en ningún caso se trata de una recompensa o subvención, sino el pago a una infraestructura del sistema gasista, idéntico al de las tuberías o al de las regasificadoras".

Pero este asunto volvió a incitar asimismo, reacciones en el seno del Gobierno autonómico. El director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía, Fernando Martínez Vidal, lamentó también ayer, que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo "siga apoyando económicamente, con más de seis millones de euros", el proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

En declaraciones a Europa Press, Martínez Vidal aseguró que esta actuación contrasta con lo que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha llevado a efecto en los últimos días, refiriéndose a que la Junta "ha formulado un requerimiento previo al ejercicio de acciones judiciales en el contencioso- administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente (Mapama) para que revise las declaraciones de impacto ambiental que se dieron a los cuatro subproyectos en los que se divide el gran proyecto de almacenamiento de gas".

El director general de Prevención explicó que "estas declaraciones se dieron entre 2010 y 2013". La Junta solicita que "se paralice la ejecución del proyecto" de Marismas Occidental: "Nuestra petición se ampara en que recientes informes que se han conocido del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y del CSIC, que entienden que la evaluación que se hizo de manera fragmentada, ni cuenta con el efecto acumulativo ni hace una valoración de riesgo de sismicidad inducida".

Por ello, señaló que según el artículo 44 de la ley 21/2013 se ha solicitado la revisión de estas vías por "concurrir estas nuevas circunstancias y que se han puesto de manifiesto en los procedimientos de quejas que los defensores del Pueblo, a nivel nacional y andaluz, tienen abiertos".

De esta forma, aseguró que "el parecer de la Junta contrasta radicalmente con la forma de actuar del Gobierno que sigue apostando económicamente por este proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, un espacio natural único y de una singularidad única en el mundo".

También desde Izquierda Unida hubo reacciones. Su responsable de Organización, Francisco J. Camacho, criticó la subvención a Gas Natural "que se suma a otros 6,3 millones recibidos en el 2017, por un proyecto "que constituye una auténtica barbaridad jurídica, política y medioambiental y que debería estar paralizado". También defendió que estas subvenciones "deberían pasar a la historia".

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