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La Fiscalía abre 25 expedientes por construcciones ilegales en El Calabacino

  • La alcaldesa afirma que la restauración urbanística de la aldea costará al menos el 10% del presupuesto municipal

Aldea de El Calabacino en el municipio de Alájar. Aldea de El Calabacino en el municipio de Alájar.

Aldea de El Calabacino en el municipio de Alájar. / h.información

La Fiscalía de Huelva ha abierto 25 expedientes por construcciones ilegales en la aldea de El Calabacino, del municipio de Alájar, según informó la alcaldesa de la localidad, Carmen Osorno. El caso de El Calabacino afecta directamente a la regidora, contra la que la Fiscalía ha presentado una denuncia por prevaricación después de considerar que ésta no ha intervenido con todos los medios a su alcance en la eliminación de las viviendas ilegales detectadas.

La alcaldesa explicó que en El Calabacino hay un núcleo central, de pequeñas dimensiones que tiene un régimen urbano, y luego dos espacios diseminados en el paraje donde se ubica la aldea que cuentan con varias viviendas aunque el suelo es rústico.

La regidora especificó que en la aldea habitan varias familias que han levantado sus casas de otras que estaban en ruina, algunas han llevado a cabo distintas reformas y otras que son de nueva construcción y aseguró que en el Ayuntamiento no existe ningún permiso de nueva construcción, "sí alguno de pequeñas reformas".

Ante la situación de ilegalidad creada, se ha planteado la posibilidad de declarar la aldea Hábitat Rural Diseminado, una fórmula que la alcaldesa acepta "siempre que se cumpla la normativa correspondiente" y no perjudique a las arcas municipales.

En cualquier caso, este modelo establecería unas nuevas normas, pero no exime que los incumplimientos realizados sigan su discurrir judicial.

Osorno dejó claro que el Ayuntamiento siempre va a favorecer a los vecinos de Alájar y sus aldeas dentro de la legalidad, de ahí que "lo primero sea intentar salvar la vivienda al completo, pero es la Fiscalía quien denuncia y no el Consistorio".

También que llegado el caso, los procedimientos de demolición definitiva serían siempre bajo informes jurídicos y técnicos, de ahí "que no sea una cuestión de voluntad política como aluden desde la asociación Raíces de El Calabacino sino de cumplir la ley".

En cualquier caso, la regidora advirtió de que la restauración física de la aldea y todos los trámite y expedientes que conlleva, supondrán entre el 10 y el 15% del presupuesto municipal de 2018, que aún no ha sido aprobado, "precisamente por el tema de El Calabacino"; es decir unos 60.000 euros.

Según la Fiscalía en la aldea, desde fecha indeterminada, empezaron a instalarse personas procedentes de toda España y del extranjero con la intención de residir de forma permanente.

Para ello, adquirieron en contratos privados o en escritura pública pequeñas fincas rústicas de menos de una hectárea donde iniciaron la construcción y/o rehabilitación de edificaciones en ruinas en caso de existir éstas.

Detectada esta situación, la Consejería de Medio Ambiente comunicó a la Fiscalía en febrero de 2014 la existencia de una construcción residencial que había sido finalizada en 2006, que carecía de licencia y que por estar hecha de "madera y alpacas de paja" suponía un grave riesgo de incendios forestales. La Fiscalía se puso en contacto con el Ayuntamiento para que, en el ámbito de sus competencias, actuara para restaurar de la legalidad urbanística, ya que se trata de suelo protegido.

Entonces se detectaron más viviendas ilegales sin que el Ayuntamiento haya incoado un solo expediente sancionador o de restauración de la legalidad, ni dado cuenta a la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, según la Fiscalía.

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