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La Fiscalía denuncia a la alcaldesa por prevaricar en la aldea del Calabacino

  • El Ministerio Público acusa a Osorno de no acometer la restauración de varias casas ilegales

Panorámica aérea de la aldea del Calabacino, en el término municipal de Alájar.

Panorámica aérea de la aldea del Calabacino, en el término municipal de Alájar. / h. información

La Fiscalía de Huelva ha denunciado a la alcaldesa de Alájar, Carmen Osorno, por prevaricación después de considerar que ésta no ha intervenido con todos los medios a su alcance en la eliminación de varias viviendas ilegales detectadas en la aldea del Calabacino -en el término municipal alajareño- por los agentes de medio ambiente.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Huelva Información, consta que desde una fecha indeterminada empezaron a instalarse en la aldea personas venidas de todo el territorio nacional y del extranjero con la intención de residir allí de forma permanente, en lo que los propios moradores han definido como ecoaldea y una "repoblación sostenible". Allí iniciaron la construcción o la rehabilitación de viviendas en ruinas.

Durante más de tres años "nada se informó por el Ayuntamiento ni por la denunciada"

Los agentes de medio ambiente detectaron la situación y la pusieron en conocimiento de la Delegación de Medio Ambiente del Ministerio Público, que dirige el fiscal Alfredo Flores, en febrero de 2014. Muchas de estas construcciones ilegales estaban "penalmente prescritas", caso de una casa en concreto -la que figura primero en la denuncia- que terminó de edificarse en 2006, que carecía de licencia y que estaba hecha de maderas y alpacas de paja, lo que "suponía un grave riesgo de incendios forestales" en pleno corazón del parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Las medidas de restauración del espacio son "exclusiva competencia" del Ayuntamiento, por lo que el fiscal le instó a abrir y tramitar el expediente de restauración de la legalidad urbanística y a comunicar a la Fiscalía cualquier infracción penal fruto de la desobediencia de los moradores.

Esta comunicación se produjo en marzo de 2014. Pues bien, "desde esa fecha hasta principios de 2017 nada se informó por el Ayuntamiento ni por la denunciada", Carmen Osorno, "a esta Fiscalía sobre lo acordado en relación a esa construcción, sobre la que no consta aperturado el preceptivo expediente (...) ni sobre nuevas construcciones en la aldea que existían y eran perfectamente conocidas por la denunciada, ya que en algunos casos había concedido licencias para obras de mantenimiento y rehabilitación".

Una nueva denuncia de un agente de medio ambiente fechada en marzo de 2016 llegó a manos del Ministerio Público en enero de este año. En ella se hacía referencia a otra vivienda edificada en la aldea "sin licencia" y realizada en "madera y paja", lo que supone un "grave peligro de incendio". Como un déjà vu, Alfredo Flores se encontró otra vez con que "el Ayuntamiento no había incoado el expediente de restauración de la legalidad urbanística ni adoptado ninguna medida". Y de nuevo instó al Consistorio y a su alcaldesa a responder como ordena la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Pero "no consta en esta Fiscalía a día de hoy contestación al mismo".

El asunto se repitió al poco tiempo, esta vez en relación a diez parcelas del Calabacino. Solicitó Flores un informe sobre los expedientes de restauración, que debía remitirse antes de un mes, donde además se debía explicar el motivo de no contestar al oficio precedente. Esta vez la alcaldesa denunciada contestó "parcialmente". Lo hizo el 17 de marzo pasado y en él alegaba "la falta de medios del Ayuntamiento, que existían colaboraciones con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta para abordar el problema, que ahora se habían ordenado inspecciones de la construcciones denunciadas y que la no contestación del oficio de 2014 pudo ser por error, pérdida del escrito u olvido involuntario". Más adelante, la regidora municipal admitió que ella misma manejaba las competencias urbanísticas desde 2012 a esta parte.

Por todo, el fiscal ha solicitado al juzgado de Aracena que la cite a declarar como investigada y que comparezca como testigo el secretario municipal. Pide, además, que se incorporen a la causa otras cuatro contra propietarios de viviendas ilegales en El Calabacino.

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