El encierro de los mineros de Emed alinea a PSOE e IU frente a PP y PA

  • Los dos partidos de izquierda no entienden la medida de presión, mientras populares y andalucistas la apoyan abiertamente · Primeros síntomas de división en la Plataforma por la Apertura de la Mina

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El encierro que mantienen desde el lunes pasado cuatro trabajadores de Emed Tartessus en Corta Atalaya para que la Junta de Andalucía transmita los derechos mineros a la empresa que pretende la apertura de la mina de Riotinto, en plena campaña electoral, ha puesto en jaque a la Plataforma por la Apertura de la Mina donde empiezan a surgir serias discrepancias y todo tipo de cruce de acusaciones entre los principales partidos políticos que la integran.

Tanto el alcalde de Nerva, Domingo Domínguez (PSOE), como el de Zalamea la Real, Marcos García (IU), y el presidente de la Mancomunidad Cuenca Minera, Juan Jesús Bermejo, también portavoz de la Plataforma por la Apertura de la Mina, mostraron ayer su disconformidad con la medida de presión puesta en marcha por los trabajadores de Emed que pueden poner en peligro los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la plataforma.

"Ni entendemos, ni podemos compartir esta medida de presión, más aún cuando todos mostramos nuestro acuerdo con el calendario establecido para la tramitación de las autorizaciones pertinentes", coinciden.

Aunque respetan la decisión tomada por los encerrados, los regidores que representan a los partidos de izquierda en la comarca también mostraron su sorpresa por la acción reivindicativa emprendida por los mineros encerrados. Los alcaldes consideran que conocían perfectamente los últimos acuerdos alcanzados en el seno de la plataforma en torno a los trámites a seguir para la obtención de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), así como las exigencias de todos sus integrantes, partidos políticos, sindicatos y empresarios, para que se realizará en el menor tiempos posible. "Los trámites se están llevando con absoluta transparencia y el máximo consenso", aclaran.

El alcalde izquierdista de Zalamea, Marcos García, duda de la eficacia de esta acción reivindicativa porque es imposible que en quince días se pueda resolver esta situación. "Si la Administración les diera los derechos mineros en dos semanas significaría que la Junta nos ha estado engañando durante todo este tiempo. No creo que esto se resuelva a corto plazo, así que dudo del efecto positivo de esta medida de presión", dijo.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad, Juan Jesús Bermejo, no podía ocultar la frustración que sintió al conocer la noticia del encierro por todo el trabajo realizado hasta ahora. "Son muchas las horas que hemos dedicado a este asunto como para que todo se vaya al traste en cuestión de minutos. Estas fórmulas de presión que incitan a la Administración a coger atajos al margen de la Ley para solucionar determinados problemas no van a ninguna parte. Estamos en la recta final y otros quieren aprovecharlo políticamente", advirtió.

El regidor nervense, Domingo Domínguez, fue más allá al acusar al PP de estar haciendo un flaco favor a la Cuenca Minera tratando este asunto de forma partidista y saliéndose de los acuerdos alcanzados en el seno de la Plataforma por la Apertura de la Mina.

"Hago un llamamiento a la responsabilidad y al sentido común para que el Partido Popular vuelca a la unidad de acción, ya que conocen perfectamente los pasos que se están dando en la plataforma para marcar el ritmo entre la empresa y la Junta que garantice la apertura de la mina en las mejores condiciones", aclaró.

En el plano opuesto se sitúan la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rosa Caballero (PP) y el regidor de El Campillo, Francisco Cuaresma (PA), que respaldan abiertamente el encierro de los mineros en Corta Atalaya, aunque dudan de que el desenlace sea feliz porque aseguran que hay demasiados intereses oscuros que impiden a la Junta de Andalucía transmitir los derechos mineros a la empresa interesada en la apertura de la mina. "No confiamos en que la Junta abra la mina con un gobierno del PSOE. Son demasiados engaños", aseguran.

Al margen de este enfrentamiento político, sindicatos y empresarios, integrantes también de la Plataforma por la Apertura de la Mina, mantienen un silencio que ahonda aún más en la grave crisis que este encierro puede provocar en un organismo creado íntegra y exclusivamente para posibilitar la apertura de la histórica mina.

Los últimos acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la Plataforma por la Apertura de la Mina recogían la demanda a la Junta de Andalucía para resolver la Autorización Ambiental Unificada (AAU) en el menor tiempo posible, a la vez que le pedían hacer todo lo posible ante los Ministerios correspondientes, para que los informes solicitados a Igme y Cedex, se resuelvan también en el mínimo tiempo posible.

Por otro lado, demandaban a Emed Tartessus que, en el caso de que en la fase de resolución del proyecto, la Junta de Andalucía requiera más información a la empresa, esta le sea facilitada de forma inmediata. También le demandaban que en el momento que entendieran que el proyecto está consolidado y sea una realidad a corto plazo, se solicite y comience de inmediato los cursos de formación que la administración tiene previstos. Y además se comience la fase preparatoria de las instalaciones para agilizar su puesta en servicio.

Por último desde la Plataforma por la Apertura de la Mina demandaban a ambas entidades que continúen y demuestren la buena sintonía que en sendas reuniones ambos, Junta de Andalucía y empresa, han expresado a la plataforma, ya que no comprenderían que ninguna de las partes retrasase el proceso de apertura de la mina, ya que si eso sucediera, estarían dando a entender que pueden tener otros oscuros intereses.

"Un retraso mayor en la apertura de la explotación minera acabaría con la paciencia de toda una comarca y la voluntad de entendimiento y colaboración que hasta ahora los integrantes de esta Plataforma hemos demostrado", concluían.

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