El borrador de decreto para regular los usos y actividades en los parques naturales andaluces, que dejará en manos de los ayuntamientos las autorizaciones para determinadas obras, ha provocado las iras de las organizaciones verdes. En Huelva, el portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, rechazó ayer de forma tajante el borrador por considerar que deja la "vía libre a la especulación urbanística".

Hace un mes que un grupo de miembros de esta entidad se encerró en la Consejería de Medio Ambiente tras conocer dicho borrador. A su juicio, "se remodela lo que había para que los ayuntamientos que no han tenido bastante con los abusos urbanísticos de los últimos años, los aumenten". Romero arremetió duramente contra la consejera Cinta Castillo, de la que dijo que "ha convertido la Consejería del Medio Ambiente en la Consejería de la desprotección del Medio Ambiente".

El representante de Ecologistas en Acción en Doñana lamentó que la Junta esté aprovechando la crisis económica "para tirar el medio ambiente por la ventana" pues el borrador ignora la política que se ha llevado a cabo en los últimos 20 años. Así que confió en que la Junta entre en razón y, por lo menos, se tenga como objetivo un "desarrollo armónico ya que el sostenible va a ser imposible".

De seguir adelante con el borrador del decreto, Romero auguró que los conflictos terminarán en Europa, al menos, en lo que respecta a Doñana por ser un LIC (Lugar de Interés Cultural).

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente de la Junta, Cinta Castillo, aseguró ayer que en el borrador sobre de decreto para la gestión de los parques naturales no implicará ningún cambio en las competencias urbanísticas, sino una modificación administrativa para simplificar las más de 700 autorizaciones que tiene que emitir el Departamento de Medio Ambiente. Asimismo avanzó que el borrador saldrá a información pública en el mes de septiembre, aunque se puede adelantar que efectivamente "hemos hecho alusión a algo que nos parece que es una de las principales ventajas a la hora de aumentar la calidad de vida de los ciudadanos en los espacios protegidos: Agilizar los trámites administrativos y simplificar las más de 700 autorizaciones que hay que emitir".

Así, la consejera de Medio Ambiente se refirió a la autorización que debe dar su departamento para la ejecución de una obra en espacio protegido, algo que desaparecería para ser sustituida por una comunicación.

"La Consejería no tiene competencia para una obra, ya que es de competencia municipal, por lo que a partir de ahora, sólo tendremos una comunicación de que la obra se va a realizar", apuntó Castillo, que aseguró que "no hay ningún cambio en lo que supone las competencias urbanísticas, que siguen en el mismo sitio, sólo un cambio administrativo de lo que hasta ahora era un trámite administrativo".

"A partir de ahora, será una comunicación", apuntó Castillo, que dijo que significará "un ahorro en el tiempo para la persona que va a realizar una obra dentro de un parque natural o espacio protegido".