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La Diputación pide a la Junta que controle las cortas y balsas mineras

  • La Corporación destina 4,2 millones de anticipo a los ayuntamientos para inversiones locales

Momentos previos al inicio de la sesión plenaria. Momentos previos al inicio de la sesión plenaria.

Momentos previos al inicio de la sesión plenaria. / víctor peláez

El Pleno de la Diputación de Huelva respaldó ayer al unísono una proposición de IU en la que insta a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta a reforzar los mecanismos de inspección y control de las cortas mineras y balsas abandonadas de la provincia onubense para evitar la repetición de vertidos de aguas ácidas a los ríos. También apoyó por unanimidad una moción del PP en el mismo sentido.

El portavoz de IU, Pedro Jiménez, defendió la propuesta en la que insta a la Administración autonómica a exigir a las empresas propietarias de minas y balsas su adecuado mantenimiento garantizando la seguridad de las mismas. La iniciativa incluye el establecimiento de una plan de limpieza y la recuperación del cauce del río Odiel, afectado por el vertido ocurrido el pasado 18 de mayo en la Zarza por la rotura del tapón que cerraba el paso a las aguas de la corta minera, lo que provocó el derrame de 300.000 metros cúbicos de aguas ácidas con alto contenido en metales pesados.

Reclaman al Gobierno central un plan integral para la mejora de las playas y del litoral

Jiménez aseguró que en la provincia existen numerosas cortas y balsas como consecuencia de la actividad minera y "muchas de ellas en estado de abandono sin que parezca que las medidas de protección por la empresas propietarias puedan garantizar que este tipo de desastres ambientales no vuelvan a producirse".

Según el portavoz de IU, corresponde a la Consejería de Medio Ambiente la labor de vigilancia y control para evitar que la inacción de las compañías propietarias provoque este tipo de accidentes. "No se trata sólo de depurar responsabilidad una vez que se producen este tipo de desastres sino también de evitar que se produzcan en el futuro", apuntó.

Los hechos ocurridos ponen de manifiesto, en opinión de Jiménez, "un deficiente estado de conservación y mantenimiento del sellado de la corta minera de La Zarza".

La Junta de Andalucía ha anunciado la apertura de un expediente sancionador a las empresas Nueva Tharsis y Ormonde España como responsables del vertido, y la Fiscalía de Medio Ambiente ha iniciado una actuación de oficio en relación al vertido.

Además, estudios del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva han concluido que el vertido llegó casi al mar después de afectar gravemente al río Odiel.

La propuesta del PP solicita a la Junta un estudio de evaluación de la situación de las balsas mineras y yacimientos de la provincial a fin de prevenir nuevos sucesos. Este punto fue respaldado por todos los grupos, pero no otro (rechazado por PSOE y Ciudadanos) referido a la supuesta "deslealtad institucional" que se ha producido con el vertido al no informar la Junta de Andalucía hasta dos días después al alcalde de Calañas de lo sucedido en su término municipal. El diputado del PSOE, Domingo Domínguez, destacó "la celebridad y diligencia" con que ha actuado la Administración andaluza.

El Pleno también aprobó, con el voto en contra del PP y la abstención de IU, una moción de Ciudadanos sobre las actuaciones en las playas de la provincia.

En la incoativa se insta al Gobierno central a que, "de una vez por todas", se tome en serio la actuación pendiente en la costa y litoral onubense y ponga en marcha las actuaciones pertinentes para paliar definitivamente los daños que sufre la costa, actuaciones y obras contenidas en el estudio de dinámica del litoral onubense. A propuesta del PSOE se solicita que proceda a la elaboración de un calendario con las inversiones, así como las partidas necesarias para la inmediata puesta en marcha que se haya previsto en el estudio del litoral, que aún no ha sido presentado, y reclama al Gobierno toda la información sobre las actuaciones a realizar esta temporada de verano.

En la sesión plenaria también se aprobó por unanimidad la creación y gestión de un fondo financiero extraordinario de anticipos reintegrables a ayuntamientos de Huelva para la financiación de inversiones municipales.

El portavoz del equipo de gobierno, José Luis Ramos, precisó que este fondo, del que se beneficiarán los consistorios menores de 10.000 habitantes, "va a suponer un alivio importante en la ejecución de pequeñas obras en cada uno de estos municipios, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad que tienen para acceder a cualquier tipo de crédito".

La medida tendrá un plazo de ejecución de 24 meses y va a permitir "que en la segunda parte del mandato más de 60 ayuntamientos de la provincia puedan realizar inversiones importantes en sus municipios, que también van a contribuir al empleo".

Las corporaciones locales podrán devolver el dinero en ocho años sin intereses. Los requisitos que han de tener los ayuntamientos para solicitar este anticipo son tener el presupuesto de 2017 y la liquidación de 2016 aprobados y tener una deuda por debajo del 75% del capital vivo de sus ingresos.

La cámara provincial dio el visto bueno a las mociones (PSOE) sobre el impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como sobre la obligaciones de los municipios de estar al corriente en los tributos y en la Seguridad Social para acceder al Programa de Fomento de Empleo Agrario y otra (PP) para impulsar la incorporación de los cuerpos de Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Viogen) en la provincia, poniendo a disposición de los ayuntamientos los medios necesarios para formalizar dicha incorporación y las gestiones necesarias para formalizarla de acuerdo con la guía del Sistema Viogen.

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