Es una operación "sin precedentes conocidos" en la provincia de Huelva en boca del coronel jefe de la Guardia Civil en la provincia, Ezequiel Romero, los agentes coordinados desde la Comandancia onubense lograron la desarticulación de una "organización criminal" que se dedicaba a secuestrar a inmigrantes irregulares. La red los traía desde Marruecos hasta Barbate y desde allí a diversas localizaciones en la provincia de Huelva, para encerrarles en pisos hasta que sus familiares abonaran una cantidad de dinero por su liberación. A lo largo de las últimas horas se detuvo a siete personas en la localidad de Moguer y a otra más en la capital onubense.

El aspecto más inquietante de la operación es que entre las víctimas se encontraban 16 menores de edad que eran encerrados en pisos hasta que sus familiares abonaran una cantidad de dinero que oscilaba entre los 350 y 700 euros por su liberación.

La operación comenzó el mes de octubre tras varios desembarcos de pateras en Barbate

La operación, de la que tanto la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, como el máximo responsable de la Benemérita en la provincia ofrecieron detalles a última hora de la mañana de ayer, se inició el pasado mes de octubre, cuando se detectó la presencia de al menos ocho embarcaciones "de tipo patera o semirrígidas con entre 35 y 45 personas a bordo, que una vez llegados a tierra en Barbate, eran recogidos por unas personas y trasladados a pisos en la provincia de Huelva". Según la Guardia Civil, "algunos de estos traslados se realizaron en condiciones muy adversas y sin medidas de seguridad, por lo que la vida de estas personas estaba puesta en grave riesgo".

Las víctimas de la trama eran todos inmigrantes en situación irregular y debían abonar de manera individual una cantidad de 1.200 euros a la organización criminal que les preparaba el viaje. Una vez en tierra firme, los miembros de la organización les desposeían de todas sus pertenencias, especialmente les retiraban de inmediato sus teléfonos móviles para que no pudieran comunicarse con sus familiares.

El juzgado de la localidad gaditana comenzó a dirigir una operación que, en un principio, culminó con la detención de ocho personas y que continuó abierta desde entonces hasta recoger los indicios suficientes para culminarla a lo largo de la mañana del martes con el despliegue en Moguer y la capital onubense.

Se trataba de detener a los integrantes de la organización, que continuaban sus operaciones en la provincia de Huelva, lugar donde llegaban los inmigrantes. Una vez en su poder, eran "retenidos contra su voluntad hasta que les realizaran un segundo pago que ellos desconocían inicialmente, lo que perfeccionaba el secuestro de los mismos. Los integrantes de esta organización criminal se ponían en contacto con los familiares de los inmigrantes en Marruecos, a quienes exigían una cantidad de dinero".

Las estimaciones realizadas, aun cuando la operación permanece todavía abierta, apuntan a que la red había trasladado en apenas un año a 300 inmigrantes, entre ellos, mujeres y los 16 menores señalados. La actividad ilícita había reportado unos ingresos que llegan a los 350.000 euros abonados por las familias de hasta 65 inmigrantes.

Además del secuestro de inmigrantes en situación irregular y la extorsión a sus familiares en Marruecos, la Guardia Civil reconoció que también eran utilizados como traficantes de hachís, ya que en muchos de los casos traían en sus mochilas diversas cantidades de hachís, "aunque también participaron en varios alijos de mayor entidad", según el coronel Romero. De hecho, entre los efectos intervenidos en la operación se encuentran 132 kilos de droga.

La operación permitió localizar seis pisos donde la red mantenía secuestrados a los inmigrantes -uno en Huelva y cinco en Moguer- aunque en ninguno de ellos se encontró algún secuestrado. En la misma, intervinieron guardias civiles de las comandancias de Huelva, Cádiz, Madrid y Sevilla, aunque la misma se coordinó desde la capital onubense; además se contó con el apoyo del servicio cinológico para la detección de drogas y efectivos de los Equipos de Atención al Inmigrante (Edati) que iniciaron las pesquisas al recoger las primeras denuncias.

El coronel Romero también hizo mención al "helicóptero que llamó tanto la atención", en referencia a los rumores propagados por Moguer desde primera hora de la tarde, en los que se señalaba que la operación iba dirigida contra elementos que constituían una célula yihadista, extremo que fue desmentido tanto por la Subdelegación del Gobierno, como por la Guardia Civil, así como el propio Ayuntamiento moguereño, cuyo alcalde Gustavo Cuéllar lamentaba también ayer "la propagación de bulos y rumores que han provocado una alarma innecesaria entre la ciudadanía moguereña".

A los detenidos se les atribuyen los delitos de organización criminal, contra los derechos de los trabajadores extranjeros, secuestro, extorsión, contra la salud pública, abandono de menores y simulación de delitos. Las diligencias instruidas por la Benemérita junto con los detenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Barbate, cuya titular se ha hecho cargo de la investigación. Asimismo, la Guardia Civil quiso destacar que las investigaciones continúan abiertas y no se descartan más detenciones en las próximas horas.