Denuncian irregularidades en la actividad de una fábrica de abonos

  • La planta carece de licencia de apertura, ha recibido subvenciones aunque está ubicada en unos terrenos donde había viñedos y no tiene estudio de impacto

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La planta de residuos hortofrutícola ubicada en el paraje Montañina de Bollullos Par del Condado está en entredicho. Los propietarios de una finca colindante han denunciado que las instalaciones funcionan desde hace más de un año sin licencia de apertura y aseguran que ha recibido subvenciones a pesar de que se encuentra en unos terrenos destinados hace unos años al cultivo de viñedos, que fueron arrancados.

Los dueños de la finca colindantes aseguran que continúa a la espera de recibir una respuesta del Ayuntamiento relativa a las alegaciones que presentaron en su día ante las numerosas irregularidades que presentaba el proyecto tanto en su tramitación como en su ejecución.

Según han indicado, las irregularidades comienzan en el mismo momento que reciben la notificación del Ayuntamiento en la que informa de la solicitud de licencia municipal de apertura de establecimientos para el ejercicio de la actividad de fabricación de abonos emplazada en la parcela 455 polígono 17 paraje Montañina a fin de que los propietarios de la finca colindante en tanto que afectados pudieran presentar alegaciones. Lo primero que les llama la atención es que el proyecto carezca de número de expediente y su identificación corresponda a las iniciales JCSA/vfv, las mismas que el nombre y los apellidos del alcalde de Bollullos.

Los dueños de la finca alegan que el expediente que se tramita requiere la obtención de evaluación de impacto ambiental por parte de la Junta de Andalucía y no calificación ambiental por parte del Ayuntamiento por lo que solicitan el estudio de impacto, por cuanto además que el proyecto presentado con fecha de marzo de 2007 carecía de visado por el colegio profesional y no estaba firmado por el técnico redactor.

Además el documento adolece de la descripción y detalles técnicos acerca de los certificados, ensayos y tratamiento de estanqueidad a realizar en las balsas de decantación, así como para el depósito de agua para uso humano que se plantea en el proyecto o el sistema previsto para el vaciado de las balsas.

Otro defecto del proyecto es que los informes referentes a la medición acústica y de evaluación de los problemas medioambientales no están firmados por el técnico emisor. También consta que en la documentación gráfica no se refleja plano de las instalaciones por lo que se desconoce modo de abastecimiento de agua y red de saneamiento. Condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo o construcciones auxiliares sobre otros puntos que se cuestionan en las alegaciones.

Con todo, los propietarios de la finca colindante exponen que el proyecto no cuenta con permiso de apertura y que lleva funcionando desde hace más de un año, una circunstancia que han denunciado antes distintos estamentos competentes en la materia.

Denuncia que han realizado ante el Ayuntamiento, al que acusan de oscurantismo y obstruccionismo, por el perjuicio que la planta de reciclaje agrícola está ocasionando los efluentes líquidos que se desprenden de la actividad, además de los malos olores que se producen.

La denuncia también ha sido formulada al Seprona de la Guardia Civil, acompañada por un dossier fotográfico, la Delegación Provincial de Medio Ambiental la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a fin de determinar la incidencia que pueda tener la actividad en los acuíferos de la zona por las balsas y subproductos derivados de este tipo de industria, y ante la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla.

Sin embargo, los denunciantes continúan sin obtener una respuesta de las distintas administraciones ni pronunciamiento alguno. Las últimas acciones emprendidas ha sido dos reuniones con la delegada de Urbanismo de Bollullos.

Los afectados demandan que se adopten medias necesarias y que se paralice la actividad para evitar que continúa degradándose medioambientalmente la zona y que se estudien posibles acciones de prevaricación y cohecho que se hayan podido producir en todo el proceso.

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