Declaradas en ruina las casas de la calle Peral

  • Tras la sentencia en firme del juicio y después de que se proceda al derribo de las viviendas se establecerán las indemnizaciones que deben fijarse para los propietarios

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva ha decretado la ruina de las 13 VPO de la calle Peral de Lepe que se derrumbaron en 1998, situación denunciada por los propietarios y por la que se celebró la vista que ha dado lugar a esta sentencia el pasado día 11, si bien hay 15 días para recurrir la decisión.

En la sentencia, el juez ha determinado prioritario proteger la seguridad de las personas a los intereses de la promotora, que pidió la suspensión del derribo implícito en el decreto de ruina ya realizado por el Ayuntamiento lepero para proceder a la rehabilitación, según indicó la defensa de los propietarios.

De la misma forma, la defensa indicó que el juez también se ha amparado en la determinación de los arquitectos, que argumentaron en el juicio que la "evolución de la ruina de las viviendas continuaba, no ofreciendo seguridad ni incluso en las obras de rehabilitación que pudieran llevarse a cabo".

En el juicio celebrado el 11 de diciembre, cuatro de los seis arquitectos que comparecieron ante el Juzgado coincidieron en el "riesgo para terceros" que supone el estado de las mismas, decretadas ya en ruinas por el Ayuntamiento local, mientras que sólo los dos arquitectos de las constructoras optaron por una rehabilitación de las casas que sustituyese un posible derribo, por lo que destacó que el juez "deberá decidir ahora qué medida cautelar adopta, teniendo en cuenta si suponen o no un peligro para los vecinos o viandantes".

Las mismas fuentes indicaron que, aunque para los propietarios "sería más rápida una rehabilitación de las viviendas de su propiedad para poder disponer de ellas, lo prioritario es no causar daños y que no se repita lo sucedido en Santander".

La defensa también indicó que, posteriormente a la sentencia firme de este juicio y a que se proceda al derribo de las viviendas, se establecerán las indemnizaciones que deben fijarse para cada uno de los propietarios en el juicio por la vía civil que debe celebrarse aún en el Juzgado de Ayamonte .

En este sentido, recordó que los afectados solicitarán el gasto de las obras de construcción o de rehabilitación de las viviendas, los enseres dañados con el derrumbe y, además, daños morales, que ya fueron cifrados en 18.000 euros en el juicio por la vía penal celebrado en 2004 y en el que los imputados (administradores, arquitectos, técnicos y albañiles que intervinieron en las obras) resultaron absueltos y el caso remitido a la vía civil.

El portavoz de los propietarios afectados por el derrumbe, Joaquín Serra, mostró la "satisfacción" por la sentencia, aún provisional, emitida por el juzgado, al tiempo que quiso agradecer al alcalde de Lepe, Manuel Andrés González, "su coraje político y su lado humano por haber apoyado esta causa".

Un informe encargado por el Ayuntamiento, coincide con una primera valora de los técnicos municipales en declarar las casas en estado de ruina.

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