Klaus Koepfer, director general del Programa Medioambiental de las Naciones Unidas augura que el crecimiento continuado de la población convertirá la lucha por el agua potable en una "fuente de conflictos y guerras en el mundo". En la provincia de Hueva esta batalla ya hace tiempo que comenzó a librarse. El matiz proviene del hecho de que la confrontación se dirime prescindiendo de las armas de fuego y dejando la cruenta lucha en manos de los partidos políticos, quienes delinean la estrategia a seguir a la hora de batirse el cobre para mantener o conseguir el control de estos recursos y, en definitiva, gestionar las mareantes sumas de dinero que su gestión produce.

La reciente salida del Ayuntamiento de Bollullos de Aguas del Condado y por añadidura de las redes de su aliado, Giahsa, y su apuesta por Aqualia ha abierto la caja de pandora en el sector de la distribución del agua y puede mostrar el camino para que otros ayuntamientos sigan su ejemplo transgresor. La jugada amenaza la supremacía total y actual de Giahsa.

En Huelva, este particular conflicto se libra en dos frentes: Bollullos y Lepe. Si bien este último ha depuesto momentáneamente las armas tras una sentencia judicial en el que paraliza de forma cautelar la salida del Ayuntamiento de Giahsa.

Los movimientos del cisma se produjeron tras los comicios municipales del 2007, cuando el PSOE, sabedor de la hegemonía inquebrantable que ostenta en la provincia, planeó constituir la denominada Macro Mancomunidad de Servicios, la cual aglutinaría los servicios de la todopoderosa Giahsa y la no menos relevante Mancomunidad de Aguas del Condado. Así las cosas los servicios técnicos y jurídicos comenzaron a trabajar para definir los nuevos estatutos, a la vez que sentar las bases "para la fusión de ambos entes". Sin embargo, la propia naturaleza de una Mancomunidad impide su fusión, lo que motivó que se tuviese que abrir todo un largo proceso burocrático que aun no ha terminado de materializarse, lo que ha obligado a que ambas entidades continúen operando de forma independiente.

A pesar de las reticencias iniciales, al proyecto se fueron adhiriendo IU y PA, mientras que el PP siempre se mostró en contra de lo que consideraba un nuevo engendro para "la contratación de los acólitos" socialistas. Pero en las estrategias de uno y otro bando no contemplaban que Bollullos se convirtiese en centro de la batalla que decidiese el curso de esta guerra global por el control del agua.

Los acontecimientos darían un giro de 180 grados. Fue en el susodicho municipio condal cuando los entonces ediles de IU y PP suscribieron la moción de censura, se hicieron con el bastón de mando y ordenaron tras varios meses en el poder la retirada de Aguas del Condado; primero aprobando el rescate de los servicios de saneamiento y abastecimiento, para, posteriormente, dar luz verde a una licitación pública que terminaría ganando la empresa Aqualia, que también opera el en territorio 'socialista' de El Rocío y Matalascañas.

A raíz de ello. los socialistas han vuelto a movilizar sus tropas en torno al pleno de la Mancomunidad donde ostentan una aplastante mayoría.

Siguiendo la estrategia que fijó Giahsa, dicho órgano estableció la salida en cifras millonarias, concretamente 7,4 millones de euros. Cantidad que a efectos prácticos supone vetar la salida, dado que el Ayuntamiento no puede hacer frente a ese pago. Es más, en los 25 años de concesión administrativa Aqualia abonará a las arcas municipales en torno a los 3,2 millones de euros, es decir, menos de la mitad de la cantidad que se le reclama.

El presidente de la Mancomunidad, Carlos Sánchez, justificaba estas cifras a cuenta del abono de las infraestructuras realizadas en el municipio, el despido de trabajadores, así como "las deudas contraídas con proveedores, abonados y entidades bancarias".