La Audiencia ordena investigar si un ex cargo del PA cometió prevaricación

  • Vecinos afectados por la actividad de un pub presentaron 140 denuncias por las que ya han sido imputados sus propietarios por un delito contra el medio ambiente

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha ordenado al Juzgado mixto número 3 de Ayamonte que investigue si el ex teniente de alcalde de Lepe, José Manuel Jurado (PA), pudo haber cometido un delito de prevaricación cuando formaba parte del equipo de Gobierno.

El referido juzgado imputó a los tres propietarios de un pub de Lepe como presuntos autores de sendos delitos contra el medio ambiente y lesiones, tras un rosario de denuncias por contaminación acústica, y dejó fuera a Jurado, responsable de Urbanismo y Obras Públicas hasta las elecciones de 2007 y bajo cuyo mandato se abrió el establecimiento, denunciado también por los vecinos afectados.

Ahora, la Audiencia onubense (a la que recurrieron los denunciantes) anula la decisión del número 3 de Ayamonte y le ordena que continúe con la instrucción, comenzando por la toma de declaración al ex cargo del PA. "No hay información suficiente para descartar esa posible infracción (prevaricación por omisión), al haberse centrado el instructor en las acciones que se achacan a los titulares del negocio que habría causado contaminación acústica y producido lesiones a los perjudicados", alega la sala.

El pub abrió sus puertas a finales de 2003 y ya en diciembre de ese mismo año se registraron las primeras denuncias. Inicialmente, los propietarios del establecimientos solicitaron al Ayuntamiento una licencia de bar sin música, que fue concedida en marzo de 2004, concreta la denuncia.

En este corto periodo de tiempo se llegó a clausurar el local, orden que posteriormente fue levantada bajo la advertencia de que el pub no podía contar con equipo de música y a la que, según la evolución de los acontecimientos y la denuncia de los afectados, los propietarios del negocio hicieron oídos sordos. "Los denunciados incumplen la licencia reiteradamente y con expreso conocimiento del jefe de Urbanismo", afirman los perjudicados.

De hecho, desde la inauguración del pub hasta que el caso llega finalmente al juzgado a comienzos de 2008, "agotadas las vías del diálogo", aseguran los vecinos, el pub llega a acumular un total de 114 denuncias por el mismo motivo: ruido.

En el expediente judicial, sólo consta un informe privado favorable (realizado en julio de 2003 para un pub sin música), mientras que los realizados tanto por la Policía Local (enero 2004), por el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento (diciembre de 2004) y el que llevó a cabo el Área de Desarrollo Local y Medio Ambiente (mayo de 2007) son desfavorables, según consta en la denuncia.

Los vecinos afectados por la actividad del pub alegaron, en el recurso elevado a la Audiencia, que "la inactividad dolosa" de la concejalía que dirigía Jurado se constata por el volumen de las denuncias presentadas (posteriormente se elevaron hasta las 140), sin que se produjera resolución alguna para satisfacer el principio de tutela administrativa y proteger los intereses de los particulares afectados.

"Tal comportamiento de la Administración -señala el recurso- coadyuvó de forma necesaria no sólo a la persistencia de la actividad ruidosa en el tiempo, sino a la producción de las lesiones que presentan los denunciantes, no pudiéndose ocultar que una resolución administrativa hubiera podido contribuir a la cesación de las deficiencias detectadas, conforme a la legislación vigente".

La parte denunciante solicitaba así que la imputación se extendiera al delito de prevaricación en el caso de José Manuel Jurado, al tiempo que demandaba también la declaración en calidad de testigo (aceptada también por la Audiencia) del que era entonces jefe de la Policía Local de Lepe.

Los denunciantes se veían obligados a dejar su domicilio (situado arriba del pub) durante los fines de semana y uno de ellos requirió de tratamiento médico.

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