La organización Asaja-Huelva ha reclamado hoy al Gobierno la puesta en marcha de "medidas de choque" que ayuden a los agricultores y ganaderos a paliar la escalada de precios que está experimentando el gasóleo.

Asaja ha apuntado que en el último año el precio del gasóleo ha crecido más de un 33 por ciento, una subida que, sumada a la del resto de derivados del petróleo (fertilizantes, plásticos, envases), "pone en serias dificultades la viabilidad de numerosas explotaciones agrarias".

Ante esta situación, Asaja considera necesaria la articulación de medidas que deberían pasar por el establecimiento de una fiscalidad diferenciada, y menor, sobre el gasóleo de uso agrario.

En la actualidad tres son los impuestos indirectos que inciden sobre el precio final del gasóleo que adquieren los agricultores: el Impuesto especial sobre Hidrocarburos, el Impuesto sobre Ventas minoristas de determinados hidrocarburos, ambos de carácter específico, y el Impuesto sobre el Valor Añadido (16%), que se aplica sobre el precio incrementado por los impuestos anteriores. Estos tres impuestos representan el 25,5 por 100 del precio final del gasóleo agrario.

En opinión de Asaja-Huelva, existe todavía un cierto margen para reducir la cuña fiscal sin contravenir las disposiciones comunitarias en la materia.

La legislación europea permite la reducción de los impuestos especiales sobre el gasóleo agrario hasta 21 euros/1.000 litros, así como aplicar un tipo de IVA reducido del 7 por 100, igual que se aplica a otros suministros de bienes y servicios utilizados normalmente para la producción agraria, según Asaja.

De aplicarse la fiscalidad mínima permitida el peso de la misma sobre el precio final del gasóleo agrario se reduciría al 17 por 100 y se lograría una disminución adicional del precio que soportan los agricultores del 38 por 100.

En relación con la fiscalidad directa que soportan los agricultores y ganaderos a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Asaja ha solicitado que se vuelvan a instaurar las medidas adoptadas por el Gobierno en el año 2000, entre ellas la deducción del 35 por 100 de los gastos del gasóleo y la deducción por gastos en fertilizantes y plásticos hasta el 15 por 100, así como la rebaja del plazo de amortización de la maquinaria a dos años.