Cortegana

Absuelto el alcalde de los ataques a la comunidad gitana de Las Eritas

  • Junto a él otros seis imputados han sido han sido exculpados, mientras que otros seis han sido condenados a un año y nueve meses de prisión

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El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha absuelto al alcalde de Cortegana, Antonio Marín, de los presuntos delitos de desórdenes públicos y de daños con el agravante de "racismo" tras los incidentes contra la comunidad gitana registrados en Cortegana el 16 de enero de 2005 en el transcurso de la protesta organizada por el Ayuntamiento tras la muerte del vecino Mateo Vázquez el 1 de enero, hechos por el que la Fiscalía solicitaba 21 meses de cárcel y la acusación particular un año de prisión.

Junto al alcalde han resultado absueltos M.B.L.; F.G.B.; I.L.C.; I.R.M.; M.J.P., y A.R.F.. La acusación particular ya retiró durante el juicio su petición de cárcel contra I.R.M.; redujo a dos años de cárcel su solicitud para I.L.C. y M.J.P. por el presunto delito de provocación al odio racial, y solicitó un año de prisión para el primer edil, Antonio Marín, por un supuesto delito de manifestación ilegal, mientras que para el resto de imputados pidió tres años de prisión acusados de los delitos de provocación al odio racial y de manifestación ilegal, así como otros dos años de cárcel por un presunto delito de amenazas a la minoría étnica gitana.

Por otra parte, la sentencia condena a M.A.B.; F.J.M.; G.M.L.; J.S.C.; A.S.R., y a J.F.S. a un año y nueve meses de prisión por un delito de desórdenes públicos y a una multa de 2.160 euros por el delito de daños, mientras que deberán indemnizar con 3.000 euros a cada una de las 12 personas del colectivo gitano en concepto de daños morales por los daños en sus viviendas. Además, deberán abonar 21.807 euros por los daños sufridos por el colectivo gitano en vehículos y enseres.

El fallo judicial considera probado que el 16 de enero de 2005 se llevó a cabo la manifestación, que congregó en la plaza de la Constitución más de 1.000 personas que se dirigieron a la plaza de la Esperanza, entre las que se encontraban, "a cierta distancia de la cabecera y rodeados de otros vecinos", el alcalde y otros concejales del Ayuntamiento.

Transcurridos "pocos minutos" desde la salida, la cabecera de la manifestación llegó a la plaza de la Esperanza, pero "no giraron a la derecha para dejar la calle y acceder a la plaza, según lo previsto, sino que continuaron recorriendo la calle por la que circulaban". Así, cuando el primer edil llegó a la altura de la plaza, y tras comprobar que quienes le precedían continuaban su marcha, "se desvió de la calle y llegó a la plaza, donde indicó a los manifestantes que llegaban y pasaban a su altura, con insistencia, haciendo ostensibles indicaciones con las manos abiertas y elevadas, que debían seguirle y acceder a la plaza".

Según la sentencia, Antonio Marín y otros concejales permanecieron en el lugar previsto y desde allí conocieron el itinerario que, mientras tanto, recorría un grupo de unas 800 personas que, pese a lo previsto y anunciado en la convocatoria y pese a las indicaciones del alcalde, continuó la marcha y llegó a la barriada de Las Eritas.

El fallo judicial indica que, durante la marcha, los manifestantes portaron diversas pancartas y corearon repetidos gritos de "justicia" y "seguridad", aunque posteriormente y en el itinerario no previsto inicialmente, se corearon además gritos como "gitanos fuera", "asesinos" o "no los queremos, fuera de aquí", por lo que considera que a "a la vista de las expresiones vertidas, resulta patente que del inicial ánimo reivindicativo de seguridad y justicia los ánimos giraron o se extendieron hacia la protesta, imputación, desprecio, animadversión y revancha hacia los gitanos".

Así, minutos antes de la llegada de la manifestación al barrio y "tras advertir el clima de hostilidad que los gritos coreados y la trayectoria elegida evidenciaban", agentes de la Guardia Civil se adelantaron para informar a los gitanos de la llegada del cortejo y de la conveniencia de que, "para evitar conflictos", se refugiaran en el interior de sus casas, "a lo que accedieron inmediatamente".

La sentencia señala que, al pasar a la altura de las primeras viviendas de Las Eritas, un grupo de jóvenes "arreciaron al unísono contra los refugiados en el interior de las casas y, con mantenido y persistente ánimo de ofenderles, estigmatizarles, menospreciarles, retarles al enfrentamiento físico y a la violencia, causar daños en sus propiedades, amedrentarles y aterrorizarles con sus expresiones y actos, profirieron expresiones como 'cabrones, iros de aquí, gitanos', 'os vamos a matar' u 'os vamos a quemar', todo ello mientras lanzaban con fuerza incontables piedras del suelo contra las fachadas de los inmuebles y contra los turismos".

Tras indicar que varias de estas personas "golpearon las puertas de entrada de las casas con intención de abrirlas", precisa que otros "lograron sobrepasar el cordón policial y acceder a través de un patio a la zona trasera de las casas, donde continuaron causando destrozos, localizando un montón de paja almacenada a la que prendieron fuego, lo que provocó un gran incendio".

Además, "y simultáneamente al lanzamiento de piedras y a los gritos referidos a los gitanos, este grupo, formado por todos los sentenciados, profirió numerosas expresiones referidas a la actuación de los agentes de la Guardia Civil", tales como 'hijos de puta sólo sabéis denunciar y defendéis a los gitanos y a los drogadictos' o 'eres más asesino que los gitanos'.

Una vez que los agentes lograron que finalizara la actuación de los acusados, estos se reintegraron en la marcha, continuando su recorrido la manifestación con normalidad hasta el centro del pueblo, donde se disolvió. El fallo asegura que, "con la actuación, los acusados generaron un clima que provocó angustia, zozobra, pánico y terror en los refugiados en sus casas, entre ellos numerosos niños".

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