El debate ético en torno a las vacunas tiene diferentes focos de atención según si se trata de las cuestiones debidas a las desigualdades en el acceso a la vacunación o en las derivadas de los medios idóneos para promocionar su uso.

La polémica sobre este último asunto se ha reavivado estos días en la prensa tras la publicación en Le Monde Diplomatique de la noticia, anunciada por el Gobierno francés, de la prohibición del acceso de niños no vacunados a los centros de educación infantil.

La vacunación, como una de las intervenciones conocidas más efectivas en salud pública, ha demostrado disminuir la mortalidad infantil y evitar la discapacidad asociada al padecimiento de determinados procesos infecciosos. Cabría recordar aquí cómo gracias a ella se consiguió erradicar hace años la viruela.

El riesgo de una epidemia disminuye cuando las tasas de vacunación son elevadas, por lo que las autoridades están legitimadas para utilizar los instrumentos legales, sanitarios o sociales que garanticen la mayor protección de la población frente a las enfermedades infecciosas.

Actualmente, en muchos países en vías de desarrollo y en aquellos con un sistema de salud eminentemente privado como el de Estados Unidos, donde los niños con escasos recursos y sin cobertura sanitaria quedan excluidos de los beneficios de la vacunación, el núcleo de la discusión ética se sitúa en las dificultades de acceso a las vacunas, que pueden generar inequidad e injusticia social.

Sin embargo, en los países con un sistema nacional de salud de acceso universal este debate se focaliza en la libertad para decidir si se acepta o no la vacunación incluida en los programas de prevención. Es decir, el conflicto surge entre la autonomía de las personas y la salvaguarda del bienestar común. Es en esta libertad de elección donde los colectivos antivacunas fundamentan su negativa a las mismas.

Si los fines de las vacunas son esencialmente buenos, entonces ¿qué medios debemos utilizar para conseguirlos?

Las medidas encaminadas a promover la vacunación han estado dirigidas a mejorar la transparencia y calidad en la información para evitar la desconfianza de los ciudadanos y desmontar los argumentos de los movimientos antivacunas. Por ello, en las decisiones sobre qué vacunas tienen interés para la salud pública, se debe seguir el criterio independiente de las comisiones de profesionales, que son el mejor aval científico de su efectividad, y emplear los recursos públicos en conseguir su difusión a toda la población.

En otros casos se han considerado los incentivos sociales o económicos a las familias, la formación de los profesionales y el desarrollo de leyes para salvaguardar la salud y la vida del menor en las actuaciones sanitarias incluida claro está, la vacunación.

Pero si consideramos la educación infantil como un auténtico modelo educativo y no simplemente como un sistema de cuidados, limitar el acceso a la misma puede resultar desproporcionado y debiera ser discutido.

La educación infantil no es sólo el aprendizaje personal en el ámbito cognitivo, sino que también supone el encuentro con el otro y la apertura a la multiculturalidad, así como un recurso que contribuye a la equidad y a la reducción en las desigualdades sociales.

Como nos dice Aristóteles, no deliberamos sobre el fin que nos proponemos sino sobre los medios que deben conducirnos a él.

Es por lo que no se delibera sobre el bien intrínseco de las vacunas, que a lo largo de más de doscientos años han demostrado sus beneficios para los individuos y para la sociedad. En cambio, se necesita un debate prudente sobre los medios más adecuados para fomentar la vacunación, incorporando actuaciones que consideren a todos y cada uno de los afectados. Y en este proceso no puede quedar lesionada la equidad, no vaya a resultar que por buscar el bien de la mayoría olvidemos a los más desfavorecidos.