El temor de Susana Díaz está fundado

La puesta en marcha del futuro sistema de financiación autonómica se saldó con la disposición de 11.000 millones de euros más para las comunidades autónomas. La negociación también supondrá, de un modo u otro, una aportación de más fondos por parte del Estado, ya que las comunidades peor financiadas son las más pobladas o lo que es lo mismo: el sistema no financia de modo adecuado los servicios fundamentales de la mayor parte de los españoles. Por eso, el temor de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, expresado en su comparecencia del pasado martes, está justificado: es posible que el Gobierno central esté retrasando la negociación del nuevo modelo porque sabe que, al final, habrá que aportar más fondos y en estos momentos es una prioridad sacar a España del expediente de déficit excesivo en 2018. Es posible, incluso más que posible, que las administraciones autonómicas hayan gastado más de lo que debieran en estructuras artificiosas, pero lo cierto es que son los gobiernos regionales los que gestionan la sanidad, la educación y la mayor parte de las prestaciones sociales: financiarlas mal es financiar mal los servicios esenciales del Estado de bienestar y supone privar a los ciudadanos de derechos fundamentales. El actual modelo de financiación fue aprobado por el PSOE y ERC en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y respaldado desde la Junta de Andalucía. Pero el modelo ya ha caducado y es igual si ha beneficiado a unas o a otras: ha estado funcionando durante un periodo de grave restricción presupuestaria y ha llegado el momento de negociar otro nuevo. No caben más demoras. Ya se han reunido los técnicos independientes, los expertos enviados por las comunidades autónomas y ya se han hecho suficientes estudios con diagnósticos certeros. Hay que negociar de forma urgente entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No se pueden buscar más excusas, como la pretendida por el PP, de enviar el debate a la comisión territorial del Congreso. Nunca se ha hecho así y ahora tampoco hay motivos para hacerlo. Por lo que corresponde a Andalucía y a sus autoridades regionales, hay que vigilar que Cataluña no se beneficie de singularidades que premien la insurrección de sus instituciones y habrá que reclamar que el criterio de reparto en función de la población no se vea empobrecido con factores que no son reales.

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