La polémica de los inmigrantes de Archidona

Como todo lo relacionado con la inmigración ilegal, la polémica desatada por el internamiento de más de 500 personas en el edificio construido para albergar el futuro centro penitenciario Málaga II, en Archidona, es un asunto sumamente delicado y complejo, siempre susceptible de manipulaciones conscientes o inconscientes. No en vano, en la gran mayoría de los casos, estamos hablando de seres humanos desesperados que se juegan la vida para alcanzar unas condiciones más dignas en Europa. Dicho esto, hay que precisar que la inmigración irregular y desordenada es un problema evidente con muchos planos -social, económico, político, cultural, etcétera- que el Gobierno de España tiene la legitimidad y la obligación de controlar, entre otras cosas porque nuestro país pertenece al Espacio Schengen y está sometido en esta cuestión -como en tantas otras- a la disciplina europea.

En la polémica del centro de Archidona se detecta, ante todo, un problema semántico. Los críticos -ONG, partidos contrarios al Gobierno o, incluso, alguna institución- aseguran que los inmigrantes han sido internados "en una cárcel". ¿Es riguroso afirmar esto? Parece que no. Lo que ha hecho el Gobierno es utilizar una infraestructura construida y equipada para ser una cárcel para solucionar el urgente problema creado por la masiva llegada de inmigrantes irregulares en los últimos tiempos y la saturación del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Murcia. Los inmigrantes no están sometidos a régimen penitenciario, no son presos, aunque tienen las restricciones propias de todo CIE. La operación se ha realizado, como aseguró ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con un absoluto respeto a la ley y a los derechos de los inmigrantes. Hablar de "prisiones encubiertas", como hizo ayer Compromís, es burda demagogia. Además, para mayor garantía, una delegación del Congreso y del Senado visitará el viernes dichas instalaciones, que están dotadas para garantizar una vida digna a los que allí están retenidos. Eso sí, es evidente que el Ministerio del Interior vuelve a equivocarse en su estrategia de comunicación e imagen y las fotos y vídeos de los inmigrantes tras los barrotes y las concertinas no ayudan a explicar bien su decisión.

El Gobierno, insistimos, tiene el deber de controlar la inmigración irregular. También la obligación de dar un trato humano y digno a los extranjeros que están bajo su custodia. Nada indica que, en este caso, haya vulnerado la ley.

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