La cúpula de la insurrección

El juez Pablo Llaneras considera que hay un riesgo real de que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart reiteren en el delito de rebelión. Ésa es la razón principal por la que el juez del Supremo ha decidido mantenerlos en prisión sin fianza, pero no es menos importante que el instructor, en su segundo auto sobre este caso, considere que los dirigentes del movimiento independentista venían amenazando con una insurrección popular, hecho que se puede considerar como violencia. La amenaza continuada y decidida del uso de la fuerza, aunque no llegue a producirse, se debe considerar como el elemento violento que diferencia el delito de rebelión del de sedición. Tres de los cuatro dirigentes que permanecerán en prisión -el vicepresidente y los dos líderes de la ANC y de Òmnium- formaban parte del comité estratégico de la insurrección, tal como se recoge en el informe Enfocats, lo que les diferencia del resto de ex consejeros que salieron ayer de prisión tras pagar la fianza y de los miembros de la Mesa del Parlamento. La medida adoptada por el juez es dura, por cuanto cree que los encarcelados podrían seguir cometiendo "actos graves irreparables" y no le sirve que hayan acatado el artículo 155 y que vayan a seguir defendiendo la república catalana mediante una negociación con el Estado. Es un hecho recogido en Enfocats que lo que pretendían con sus actos era, precisamente, obligar al Estado a la negociación, bien mediante la participación masiva en el referéndum ilegal o como arrepentimiento después de haber utilizado una violencia represiva a la que alentaban. La medida cautelar es dura, lo hemos dicho, pero es que la composición jurídica que Pablo Llaneras se está haciendo de los sucesos es extremadamente grave: se trata de una rebelión institucional, alejada de la legalidad, que pretendía doblar la voluntad del Estado mediante la amenaza del conflicto en la calle. Para ello también era necesaria la participación, aunque fuese por inactividad, de la Policía autonómica, de ahí que el ex consejero responsable, Joaquim Forn, vaya a seguir en prisión. Posiblemente, a la campaña electoral de los partidos constitucionalistas le vendría mejor que el juez los hubiera puesto en libertad, por cuanto el encarcelamiento actúa como cohesionador de los independentistas, pero los hechos acaecidos en Cataluña desde septiembre son extraordinariamente graves, de ahí que concluyamos que es innegociable la actuación de la Justicia, sean cuales sean sus consecuencias políticas. La campaña electoral del 21-D es una campaña excepcional, pero es que excepcional ha sido la convocatoria, motivada por la aplicación razonable del artículo 155 de la Constitución.

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