Casi sesenta detenidos la pasada semana. Es el balance de las dos últimas operaciones policiales contra tramas de delincuencia con destacado protagonismo de políticos. Una, por supuesto blanqueo de dinero en Valencia; la otra, en Cataluña, por el supuesto desvío de dinero destinado a la cooperación internacional. Un suma y sigue de escándalos que no se detiene y que va camino de convertir la atmósfera cotidiana en irrespirable. El riesgo de que avance hasta límites que superen lo preocupante el desapego ciudadano que observan las encuestas hacia las principales instituciones ya es más que evidente. La imagen internacional de España también se halla seriamente deteriorada. En el último ranking de Transparencia Internacional de 2017, que mide la percepción de la corrupción del sector público en opinión de analistas y empresarios, el país aparecía en el puesto 42, por debajo de Botsuana y muy cerca del nivel de Ruanda. Y, lo peor de todo, es muy difícil anticipar un horizonte a corto y medio plazo libre de este goteo de asuntos. Son ya tres los partidos políticos directamente condenados. A Unió y la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se le suma ahora el PP tras la sentencia del caso Gürtel, que considera probado que el partido en el Gobierno funcionó con una caja B y se benefició de una organización delictiva dedicada a esquilmar las arcas públicas. El fallo ha causado un seísmo y desembocará en la anunciada moción de censura por parte del PSOE, justo cuando la firmeza y la estabilidad en las relaciones de los dos principales partidos resultan más necesarias ante el permanente desafío de los independentistas catalanes, con el presidente vicario de la Generalitat a la cabeza. A los populares aún les falta conocer qué sucederá tras el juicio por los papeles de Bárcenas, el caso Lezo o la operación Púnica. Los presagios son demoledores. Pero sería absurdo centrar sólo en el PP esta lacra. El juicio de los ERE por las supuestas ayudas fraudulentas a empresas en crisis, y que sienta en el banquillo a una veintena de ex cargos públicos de la Junta y a sus dos últimos ex presidentes; o la próxima revisión del Tribunal Supremo de la sentencia del caso Nóos, que condenó a seis de cárcel a Iñaki Urdangarín, son sólo dos ejemplos de la magnitud del problema. Por ello son necesarias con urgencia medidas de regeneración pública y mayor contundencia de los partidos ante la corrupción. También a la hora de delimitar las responsabilidades políticas. España no puede vivir permanentemente en el actual clima de desasosiego, a la espera de conocer el alcance de la siguiente operación policial.