La subida del paro, la destrucción de empresas y la pérdida de calidad de vida y de derechos tal vez sean las consecuencias más visibles en España del impacto de la crisis y las políticas de austeridad de la última década. Pero no son las únicas. La Fundación Alternativas acaba de publicar un exhaustivo informe en el que, por primera vez, se ponen cifras al agujero que se ha producido en la ciencia y la tecnología justo en el momento en el que tanto el sector público como el privado miran al I+D+i, a la innovación, como palanca para la transformación del modelo productivo. La radiografía es desoladora: en paralelo a la reducción de los fondos -la inversión ha bajado del 1,40% del PIB en 2009 al 1,22% en 2015 y la financiación estatal se ha derrumbado un 30%-, han caído en picado las publicaciones científicas de excelencia, las patentes y las empresas de I+D. La brecha con Europa se agranda, se intensifica la fuga del talento y el sistema de gestión se pervierte aún más situando la burocracia como una de las grandes trabas para los grupos de investigación.

Es un desafío nacional pero también andaluz. Más aún cuando la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha expuesto con contundencia la disposición de Andalucía a ocupar un papel protagonista en desafíos estratégicos como la reforma constitucional y la definición del nuevo modelo de financiación autonómica. Si no queremos ser "un pasajero más", y si tenemos en cuenta que al final todas las instancias de la actividad científica e investigadora están conectadas, resulta fundamental que el Gobierno andaluz adopte un papel de liderazgo para asumir la gravedad del diagnóstico y empezar a desarrollar medidas de alcance que puedan ser exportables al contexto nacional. El proyecto de gratuidad en las enseñanza universitarias -pese al escepticismo inicial, ha logrado enterrar las dudas sobre su viabilidad y el PSOE federal ya lo ha asumido como propio- viene a evidenciar que es posible hacer frente a los grandes déficits del sistema actual y que hay un largo camino de avances por explorar. Aun siendo conscientes de la necesaria implicación del sector privado y la ciudadanía para concienciar de la importancia de realizar inversiones sin una rentabilidad inmediata, afrontar la crisis de la ciencia es una responsabilidad ineludible de las instituciones públicas. Sin parches. Con un plan de choque ambicioso en inversión y con políticas valientes para despolitizar y desburocratizar el sistema. Para Andalucía, alejada aún de los niveles de empleo a nivel nacional, es especialmente relevante por el impacto del I+D+i en la economía y en la creación de un empleo cualificado y de calidad que supere las tradicionales dependencias del sector servicios, del agroalimentario y del ladrillo.

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