La divergencia que en numerosas ocasiones se aprecia en el Gobierno de Rajoy, cuando traslada públicamente sus principales mensajes, quedó una vez más en evidencia ayer con el propio presidente del Ejecutivo y su ministro de Hacienda como protagonistas. El primero, en una entrevista en Onda Cero, despejaba con un rotundo "habrá Presupuestos" la principal incógnita que se cierne en el arranque de este curso político nacional. Pero Cristóbal Montoro, en la comisión del Congreso que controla su cartera, fijaba como fecha límite para presentar las cuentas la última semana de marzo. Y, además, advertía que ni siquiera se molestaría en enviarlas a la Cámara Baja si antes no disponía del apoyo parlamentario garantizado para sacarlas adelante. Si Rajoy desvelaba que las conversaciones con Ciudadanos se mantienen y justificaba el éxito de las mismas en la necesidad de evitar "radiarlas", su estrecho colaborador arremetía después contra el partido naranja y el PNV, por aprobar el pasado mes de julio los objetivos de déficit y el techo de gasto, necesarios para levantar la arquitectura presupuestaria, y poner ahora todo tipo de trabas para respaldar esta iniciativa. Montoro, con la intención de evitar cualquier responsabilidad en la lentitud de las negociaciones, culpó a la situación de Cataluña del bloqueo y de la prórroga de las partidas del pasado año. Rajoy, sin embargo, restó importancia al retraso y citó como ejemplo 2017, donde también se consumió el primer trimestre para sacar adelante los números sin que ello frenara la evolución positiva de la economía. Pero independientemente de la descoordinación y los mensajes contradictorios, trasladados a la opinión pública en apenas unas horas por los dos altos cargos, España necesita unos Presupuestos Generales del Estado para 2018. Es esencial que la Administración cumpla su papel y alimente con su impulso esa dinámica de recuperación que se observa desde hace tres años. En este sentido, es necesario apelar a la responsabilidad de las formaciones políticas. Fundamentalmente a la del PSOE. El proyecto de ley no puede quedar varado por cuestiones estratégicas de partido. En el Foro Joly del pasado martes, el líder socialista, Pedro Sánchez, ya anunció su voto negativo, pero debería valorar la posibilidad de la abstención si así se permite el desbloqueo. De lo contrario, una vez más, se obliga al Gobierno a ceder ante fuerzas nacionalistas en unas conversaciones que se presentan más como un chantaje que como verdadera negociación. Y hay antecedentes para conocer el alto coste que significa un sí de estos grupos y las consecuencias a medio y largo plazo que entraña.