Preservar el espíritu de la Constitución

La Constitución española cumple hoy 39 años en medio de la fuerte crisis institucional desatada por el órdago independentista catalán. Tal sacudida, cuyos efectos definitivos aún no están claros, ha provocado que se inicie un debate sobre la necesidad de reformar la Carta Magna que ha sido el pilar fundamental del espectacular avance económico, social y político de la España democrática, y cuya vigencia sigue siendo amplia en la actualidad. Es evidente que hay que hacer algunos cambios para adaptar el texto constitucional a los nuevos tiempos, pero, pese al empeño de los nacionalismos subestatales y de los partidos que buscan acabar con eso que llaman con desdén el "régimen del 78", éstos no deben variar en lo más mínimo un principio fundamental sobre el que se asienta nuestra Carta Magna: todos los españoles somos iguales en derechos y obligaciones, independientemente del lugar donde hayamos nacido o residamos.

Enmascarado como una reforma constitucional, algunos quieren iniciar un giro copernicano en nuestro modelo territorial que consagre la desigualdad entre los territorios de España y, por lo tanto, entre sus ciudadanos. Cierto es que la Constitución actual establece algunas peculiaridades muy concretas y limitadas para algunas regiones, pero esto nunca se puede entender como un primer paso para avanzar hacia un modelo en el que -como quieren algunos- los territorios más ricos se desentiendan de sus obligaciones para el conjunto del país. Cualquier reforma en este sentido será espuria y traicionará el espíritu constituyente del 78.

"Nos va a tocar levantar la voz porque van a querer callar a algunos a cambio de privilegios". El temor que mostró la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con motivo de la celebración del 40 aniversario del 4-D, no es infundado. Andalucía, como ya ocurrió en la Transición, deberá estar muy pendiente para que se preserve el espíritu de la Constitución. Un andaluz, un catalán, un murciano o un canario deben tener el mismo acceso a servicios esenciales como la sanidad y la educación. Lo contrario no tendría sentido ni está amparado por nuestra Constitución.

No hay ninguna objeción a que se mejore eso que llaman "el encaje de Cataluña" en el conjunto de España. Pero tal cosa, en ningún caso, debe hacerse a cambio de traicionar la esencia de una Constitución democrática que, como todas, se basa en la igualdad de los ciudadanos.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios