Persuadir a las opiniones públicas

La decisión de un tribunal regional alemán de no extraditar al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que sea juzgado en España por un delito de rebelión evidencia hasta qué punto es limitada la estrategia del Gobierno de Rajoy de que sea la Justicia la encargada casi en exclusiva de arreglar el conflicto catalán. Parece claro que muchos miembros del antiguo Govern han cometido delitos graves y que deben responder por ello ante los tribunales, como cualquier otro ciudadano. Lo contrario no se comprendería y sería una burla al Estado de Derecho. Sin embargo, en las manos del Ejecutivo también está la posibilidad de tomar otras muchas acciones no judiciales que ayudarían a derrotar el procés y que han brillado por su ausencia. Más allá de conseguir el apoyo de los gobiernos europeos (labor que sí ha realizado con éxito el Gobierno), es muy importante realizar una ofensiva en el exterior para explicar tanto a los ciudadanos como a los principales medios de comunicación extranjeros (especialmente en Europa y América) lo que está sucediendo en Cataluña. Sin embargo, esta labor pedagógica, para la que el Gobierno de Rajoy tenía la poderosísima herramienta del Estado, brilló por su ausencia ya desde el mismo referéndum ilegal del 1 de octubre, cuando los independentistas (ayudados por algunos interesados en desestabilizar la Unión Europea) ganaron la primera batalla propagandística. No son pocas las voces que apuntan a que en la decisión de la Audiencia del land de Schleswig-Holstein ha pesado en gran medida la opinión generalizada en Alemania de que el conflicto catalán enfrenta a unos pacíficos y democráticos independentistas con un Estado con tics autoritarios, heredados en gran parte del franquismo.

Ahora parece que el Ejecutivo ha comprendido por fin esta cuestión y ha iniciado una ofensiva, coordinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, para explicar a la opinión pública europea lo que se esconde realmente tras el procés. Para ello cuenta con todo el potencial del Estado y, sobre todo, con su extensa red de embajadas, que deben considerar esta cuestión como una absoluta prioridad. Pero, además, se debería incluir en este esfuerzo a todos los partidos constitucionalistas, así como a los miembros más destacados de la sociedad civil que han demostrado su compromiso con la defensa del Estado de Derecho en España, y que son respetados y escuchados fuera de nuestras fronteras. Todos debemos ser conscientes de que España ya va con retraso en esta tarea. Lo que ha pasado en Alemania es un primer aviso.

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