El pacto alcanzado por el PNV y el PSE para formar un Gobierno en el País Vasco se puede considerar un paso positivo en la normalización de la agitada vida política española de los últimos tiempos. Por lo pronto, aleja el fantasma de que el nacionalismo vasco moderado tome el mismo camino de radicalismo escogido por sus homónimos catalanes, que han colocado a su comunidad autónoma y al conjunto del país en una complicada encrucijada política de la que muy pocas cosas buenas pueden salir. Con este acuerdo, el PNV confirma su regreso a la moderación tras los tristes años del Pacto de Estella y el intento de echar de las instituciones democráticas vascas -con el apoyo del entorno de ETA- a los partidos constitucionalistas, lo cual se debe saludar con alivio y satisfacción.

Ahora bien, una vez dicho esto, hay que señalar que este acuerdo de Gobierno también da muchos motivos para la inquietud. En primer lugar porque el acuerdo contempla un plazo de ocho meses para ultimar una reforma del Estatuto de Guernica en la que el PNV ya ha mostrado su intención de incluir el "derecho a decidir", eufemismo con el que se pretende ocultar la intención de los nacionalismos periféricos de romper la soberanía del pueblo español. La sola inclusión de esta expresión en el texto del pacto es una victoria más del nacionalismo en esa guerra silenciosa por dominar las palabras y sus significados que es fundamental en cualquier operación política de alcance. Difícilmente se podrá respetar el ordenamiento jurídico, como se afirma en el pacto que se hará, si se pretende sacar adelante un nuevo Estatuto que contemple la falacia del "derecho a decidir".

En este sentido, albergamos muchas dudas de que el debilitadísimo PSE de Idoia Mendia (que en las pasadas elecciones vascas bajó de 16 a 9 escaños) tenga fuerzas y convicciones suficientes para frenar las pretensiones nacionalistas de aumentar y blindar aún más sus privilegios frente al resto de las autonomías que componen España. El hecho de que el PSE haya negociado el acuerdo de espaldas a la gestora de Ferraz, máxima autoridad de los socialistas españoles hasta que se celebre el congreso federal, es una prueba más de que no está actuando en este asunto que la lealtad debida.

Es cierto que el pacto evita la temida entrada de Bildu -heredera del entorno etarra- en el Gobierno vasco, pero tampoco nos podemos contentar con un Gobierno en el que el PNV mande y el PSE sirva como débil contrapeso y como excusa para imponer los criterios nacionalistas.