Siete años después de que la juez Mercedes Alaya iniciase la instrucción del denominado caso de los ERE, el macrojuicio de la pieza política -la que delimitará si pudieron tener responsabilidad penal 22 altos cargos del Gobierno de la Junta de Andalucía- comenzará en la Audiencia Provincial de Sevilla el próximo miércoles 13. Ya es tiempo para que haya justicia. Demasiado ha transcurrido desde que el Poder Judicial comenzó a investigar. Un tiempo en el que este caso ha condicionado la política en Andalucía. Son los jueces los que han decidido sentar en el banquillo de los acusados a personas que ocuparon cargos en el Gobierno autonómico, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y quienes deben delimitar si, como sostiene la Fiscalía, son merecedores de reproche penal, algo que las defensas discuten frontalmente. Tanto, que su estrategia inicial para la vista es intentar anular el proceso desde las cuestiones previas. En una fase posterior, atacarán el informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, base de la acusación contra los altos cargos. El Ministerio Público sostiene que la Hacienda pública andaluza sufrió un perjuicio de 741 millones de euros debido a que no hubo suficiente control de los fondos públicos en la Administración autonómica. El macrojuicio -la causa tiene 8.245 folios- pondrá el foco sobre el uso del denominado "procedimiento específico", que habría servido supuestamente para eludir controles del uso del dinero público. Es un procedimiento marcado la política, por su propio origen administrativo y por la politización que ha sufrido el caso y por eso es deseable que en la fase plenaria del proceso primen únicamente los argumentos jurídicos que lleven a la búsqueda de la justicia, la delimitación de si cabe o no el reproche a alguna de las personas acusadas, la mayoría con una destacada trayectoria como servidores públicos, y a restañar en la medida de lo posible el daño que el caso ya ha hecho a la autonomía andaluza.