El empleo sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes para Andalucía. Los altos niveles de paro han sido una rémora que arrastra nuestra comunidad desde tiempos inmemoriales y la reivindicación de "trabajo para todos" ha estado presente en todas las grandes movilizaciones sociales contemporáneas. Pese a lo que se creyó ingenuamente durante la Transición, la llegada de la tan deseada autonomía -tan beneficiosa en otros aspectos- no sirvió para acabar con una lacra que afecta directamente al bienestar económico y psicológico de los ciudadanos. Tras la crisis económica, durante la cual la destrucción del empleo llegó a niveles altamente preocupantes, es cierto que las últimas encuestas y estadísticas apuntan una lenta recuperación del empleo, aunque esta tendencia se ha ralentizado en los últimos tiempos. Andalucía, al igual que Canarias y Extremadura, sigue estando a la cola de España y Europa en lo que a empleo se refiere.

Por todo lo dicho, es evidente que la creación de puestos de trabajo debe ser siempre el objetivo principal de cualquier Gobierno andaluz. Nuestra comunidad no culminará su proyecto fundacional de justicia e igualdad hasta que el paro no se reduzca a niveles anecdóticos y técnicos. Consciente de ello, la presidenta de la Junta de Andalucía aprovechó el Debate Sobre el estado de la Comunidad, que se abrió ayer y se clausura hoy, para presentar una serie de propuestas que pretenden mejorar la cantidad y calidad del empleo en Andalucía. En primer lugar se quiere incentivar la contratación estable. Uno de los problemas que se están detectando en la recuperación tras la crisis es la alta precariedad del empleo que se genera, aunque Andalucía es de las menos afectadas por este fenómeno y dos de cada tres puestos que se crean son indefinidos. Ahora se trata de apuntalar esta tendencia con ayudas por valor de 50 millones de euros a las empresas que generen estabilidad en los empleos. Asimismo, se pondrá en marcha un plan de empleo industrial (el más resistente a los vaivenes de la economía, según se ha evidenciado durante la última crisis) que, con una dotación de 308 millones de euros, hará especial hincapié en los parados mayores de 45 y 50 años, uno de los colectivos de desempleados más vulnerable.

Estas dos medidas principales -hay otras menores- son bienvenidas, pero volveremos a insistir en que, en cuestión de empleo, lo mejor es una política que reduzca la burocracia y la fiscalidad que muchas veces ahogan a las empresas existentes e inhiben la creación de otras nuevas.

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