EL magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el caso Gürtel ha llamado a declarar como imputado al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, por su presunta implicación en la trama de corrupción organizada por el empresario Francisco Correa gracias a sus contactos con alcaldes y altos cargos del Partido Popular. Es el tercer aforado popular que ha sido imputado en el caso, tras Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Los tres acaban de ser suspendidos de militancia por el Comité de Derechos y Garantías del PP, tal y como habían solicitado ellos mismos, aunque mantienen su escaño de diputados autonómicos, lo que les permitirá precisamente conservar su aforamiento. López Viejo, hombre de confianza de Esperanza Aguirre, ha estado organizando durante doce años los actos electorales del partido en la Comunidad de Madrid, precisamente uno de los mecanismos supuestamente utilizados por la trama de Correa para hacer negocios prevaliéndose de sus relaciones con la dirección del PP, además de facilitar recalificaciones urbanísticas en ayuntamientos igualmente controlados por el principal partido de la oposición. En cuanto a Benjamín Martín Vasco, número dos del grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, el juez le impuso una fianza cercana al millón de euros, que parece indicativa de serios indicios de responsabilidad penal. El caso Gürtel constituye en estos momentos el primer motivo de preocupación para la dirección nacional del Partido Popular, especialmente ante la celebración inminente de las elecciones europeas que Mariano Rajoy confía en ganar. La suspensión de militancia de los tres diputados y la decisión de que otro implicado, Gerardo Galeote, desaparezca de la lista al Parlamento Europeo, obedecen precisamente a la necesidad de liberar al partido de las consecuencias de esta investigación judicial, apuntalando la tesis de que los delitos, si existieran, habrían sido responsabilidad individual de los encartados, sin que la organización haya participado de alguna manera en la trama de corrupción. La pregunta que cabe hacerse es qué pasará si el TS de Valencia imputa también en la misma causa al investigado presidente valenciano, Francisco Camps.